Organizaciones civiles piden no equipararlos con casinos o bancos y revisar Ley Antilavado

Organizaciones de la Sociedad Civil de México expresaron su preocupación ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, haciendo un llamado a revisar los efectos adversos que les podría generar su aplicación.

En un comunicado, más de 50 colectivos afirmaron estar dispuestas a “colaborar en la construcción de un marco normativo que prevenga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México”; sin embargo, acusaron que la ley pone en riesgo su operatividad.

“Desde la sociedad civil organizada reiteramos nuestra disposición para colaborar en la construcción de un marco normativo que prevenga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México.

“Al mismo tiempo, consideramos fundamental atender los efectos adversos que la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita(Ley Antilavado) está generando en el sector, ya que compromete y pone en riesgo nuestra existencia", se lee en el documento.

Las organizaciones destacaron que desde hace 25 años, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que establece estándares globales para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En este contexto, la recomendación 8 del GAFI es especialmente relevante, ya que insta a los estados a proteger a las organizaciones no gubernamentales de ser utilizadas con fines ilícitos, al tiempo que asegura que las regulaciones no obstaculicen el trabajo de las organizaciones sociales.

No obstante, señalaron que contrario a lo anterior, las disposiciones actuales de la Ley Antilavado se aplican de manera generalizada, al imponerles una serie de requisitos administrativos, financieros y económicos que no se ajustan a su realidad y no corresponden con su naturaleza ni sus capacidades operativas.

A esto se suma, que la ley impone sanciones económicas elevadas ante supuestos incumplimientos, resaltando que su financiamiento proviene principalmente de la filantropía y la cooperación internacional, con fines “específicos y temporales”.

“Las OSC no generamos lucro, nuestra labor responde a una vocación social y está sustentada por recursos que provienen, en su mayoría, de la filantropía y la cooperación internacional, con fines específicos y temporales en temas como salud, educación, justicia, medio ambiente y derechos humanos”, precisaron.

Resaltaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de supervisar la aplicación de la Ley Antilavado, clasificó en 2023 al 99.93% de las organizaciones sin fines de lucro como de “riesgo bajo”.

Por ello, denunciaron que a pesar de esta categorización, la ley se aplica de manera indiscriminada, equiparándolas con entidades comerciales como bancos o casinos, lo que genera impactos desproporcionados.

Según las organizaciones, esta falta de diferenciación no solo vulnera su estabilidad financiera, sino que también contraviene el espíritu de la recomendación 8 del GAFI, que aboga por medidas proporcionales y enfocadas en los riesgos reales.

“La imposición de sanciones económicas elevadas ante supuestos incumplimientos —sin diferenciar entre entidades lucrativas y no lucrativas— coloca a las OSC en una situación de alta vulnerabilidad legal y financiera.

“Equiparar nuestro trabajo con el de entidades comerciales como un banco, un casino o una empresa pone en riesgo nuestra existencia y limita gravemente nuestra capacidad de acción frente a los problemas que buscamos resolver”, aseveraron.

En el mismo comunicado, los colectivos también expresaron preocupación por las reformas que se presentaron ante el Congreso de la Unión el 31 de octubre pasado para modificar la Ley Antilavado, la Ley de Amparo y el Código Penal Federal, acusando que éstas no incorporan un enfoque diferenciado que considere el bajo riesgo que representan y las colocan al mismo nivel que actores de “alto riesgo”, como partidos políticos, sindicatos o asociaciones religiosas.

Además, las nuevas obligaciones propuestas implican costos significativos en recursos humanos y financieros, recursos que las OSC suelen obtener de la filantropía y la cooperación internacional, y que están destinados exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos sociales en áreas como salud, educación, justicia, medio ambiente y derechos humanos.

Ante esto, las organizaciones propusieron abrir espacios de diálogo, como foros y mesas de trabajo, que permitan visibilizar el impacto diferenciado de la ley en su sector y contribuir a la construcción de una regulación más justa y efectiva, con el objetivo de avanzar hacia un marco normativo que sea preventivo, proporcional y acorde al nivel de riesgo que representan.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que muestren apertura y voluntad política en este proceso, afirmando que están convencidas de que es posible avanzar hacia una regulación que no solo sea efectiva en la prevención de actividades ilícitas, sino que también respete y valore el papel fundamental que desempeñan en la vida pública del país.