
El gobierno mexicano anunció su intención de solicitar a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa), y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten cargos de corrupción y lavado de dinero en México.
Esta decisión se produce tras la condena de García Luna en una corte estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que, aunque García Luna ya ha sido condenado en Estados Unidos, es necesario solicitar su extradición para que enfrente los procesos judiciales pendientes en México.
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“El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición. Una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplicaría la extradición”, explicó Gómez.
En la moción presentada ante la Corte de Circuito del onceavo Distrito Judicial en Florida, los abogados de la UIF argumentaron que la incomparecencia de García Luna y Pereyra constituye una admisión tácita de los hechos que se les imputan.
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Así mismo, los abogados resaltaron que el proceso legal comenzó desde el 2021 y aún falta un proceso legal en México por todos los recursos obtenidos ilícitamente dentro de la nación y fueron destinadas a varias partes de Estados Unidos.

“Un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda inicial del demandante admite los hechos bien fundamentados y consiente en el alivio solicitado en la demanda”, apuntaron los representantes legales de México.
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En cuanto a Linda Cristina Pereyra, Gómez indicó que también se solicitará su extradición de inmediato, ya que enfrenta procesos judiciales pendientes en México, pues, la UIF acusa a Pereyra de participar en una red de corrupción y lavado de dinero encabezado por García Luna, que habría desviado aproximadamente 745,9 millones de dólares mediante contratos gubernamentales fraudulentos.
Finalmente, el gobierno mexicano también ha interpuesto una demanda civil en Florida para recuperar los activos adquiridos con los fondos desviados, incluyendo propiedades en Miami.
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Por su parte, un tribunal estadounidense ha confirmado que México puede proceder con dichas acciones legales para recuperar los desvíos de García Luna.
Más implicados en el caso García Luna; multas y acuerdos con autoridades mexicanas
La UIF también señaló que otros implicados en el caso han buscado acuerdos para evitar el juicio. Por ejemplo, José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Seguridad Pública, y su esposa acordaron pagar 330 mil dólares como reparación del daño.
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Los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, también señalados en la demanda, continúan en negociaciones con las autoridades mexicanas.
La jueza Lisa Walsh, encargada del caso, ha advertido sobre la necesidad de avanzar en el proceso, ya sea mediante acuerdos o procediendo a juicio. En caso de que se apruebe la solicitud de México, se programará una audiencia para determinar el monto exacto de la reparación del daño y la devolución de los bienes adquiridos con los fondos presuntamente ilícitos.
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Este caso representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno mexicano para recuperar activos obtenidos mediante actos de corrupción y enviar un mensaje claro sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios públicos.
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