Durante la mañana de este lunes, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja en contra del exmandatario Silvano Aureoles Conejo, buscado por un presunto desfalco millonario.
“La situación jurídica del exgobernador Silvano Aureoles la clarificó el fiscal general de la República señalando que su calidad legal en este momento es de prófugo de la justicia por los delitos que se le imputan”, señaló Ramírez al principio de su declaración sobre el tema.
Aureoles Conejo es buscado por las autoridades federales por su aparente participación en una red de corrupción que efectuó un desfalco de tres mil 412 millones 164 mil 310 pesos al estado. Esta malversación se vio reflejada en la adjudicación directa de contratos en beneficio de la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V.
En su encuentro con medios de comunicación, Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que siguen detenidos cuatro exfuncionarios ligados al caso, mientras que “se han girado fichas rojas ante la Interpol de los demás implicados, entre ellos el exgobernador”.
Recientemente se dio a conocer que Carlos “N”, exsecretario de Finanzas, obtuvo un amparo, lo que generó múltiples dudas sobre la continuación del proceso en su contra. No obstante, de acuerdo con lo mencionado por Ramírez Bedolla, esta protección no afecta la investigación ni supone cambio alguno en su estatus actual.
“Obtuvo un amparo que no le otorga la libertad de ninguna manera, sólo solicita a las autoridades carcelarias que le permitan tener comunicación. Es lo que nosotros llamamos en el argot jurídico un ‘amparo patito’ porque no sirve para nada”, aseguró el gobernador.
Además de Carlos “N”, por su posible participación en el esquema delictivo han sido arrestados Antonio “N” (exsecretario de Seguridad Pública), Elizabeth “N” y Mario “N” (exdelegados administrativos de la SSP).
Durante el mandato de Aureoles, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad (SSP) y la Secretaría de Finanzas orquestaron la compra a sobreprecio de siete propiedades que serían utilizadas como cuarteles policiacos en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Entre las inconsistencias encontradas posteriormente resalta que la Inmobiliaria DyF no pudo comprobar la propiedad de los terrenos en donde se construyeron los cuarteles. Además, se realizaron múltiples convenios modificatorios de mantenimiento sin que hubiera evidencia de los servicios.
La FGR judicializó esta carpeta de investigación por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Posteriormente, una jueza emitió órdenes de aprehensión contra distintos exfuncionarios que habrían formado parte de esta red criminal.
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