La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó una iniciativa de ley para imponer sancione a todos los servidores públicos que “faciliten, protejan, colaboren, proporcionen información, recursos o auxilio” a miembros de grupos criminales, incluso serán sometidos a un juicio político.
Lilly Téllez propone agregar el artículo 123 Bis al Código Penal Federal, para que legisladores, ministros, magistrados, jueces, consejeros del Instituto Nacional Electoral, miembros de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos, puedan ser condenados de cinco a cuarenta años si cometen traición a la patria.
Sumadas a las sanciones ya consideradas en el Código Penal, la senadora propuso que aquellos servidores públicos que incurran en la protección y colaboración con grupos criminales también serán destituidos e inhabilitados permanente para ocupar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público. Además, serán decomisados los bienes y recursos obtenidos ilícitamente como resultado de la colaboración con la delincuencia organizada.
Aquellos funcionarios que resulten sentenciados por las autoridades entonces no podrán acceder al beneficio de la preliberación, libertad condicional o anticipada, ni a la sustitución o suspensión de la pena.
“Las personas procesadas o sentenciadas por este delito serán trasladada a un centro penitenciario de máxima seguridad, donde se les aplicarán medidas especiales de resguardo tanto durante la prisión preventiva como en la ejecución de la pena”, se lee en la iniciativa presentada por la senadora de Acción Nacional que en caso de aceptarse a proceso tendrá que ser analizada por comisiones antes de que sea puesta a consideración del resto de los senadores en pleno y su posible aprobación.
Servidores públicos con presuntos criminales
Desde hace años, se han evidenciado los vínculos que sostienen servidores públicos con presuntos miembros del crimen organizado. Entre los más recientes casos, difundidos en redes sociales, hay registros sobre supuestas reuniones entre funcionarios y líderes e grupos que operan en las regiones que gobiernan.
Ejemplo de lo anterior, la reunión que sostuvieron servidores de Cuautla y Atlahuacán, ambos municipios de Morelos, con un supuesto líder regional del Cártel de Sinaloa.
En una grabación difundida en redes sociales se puede apreciar a Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, y a Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlahuacán, reunidos con “El Barbas”, supuesto miembro de la organización antes mencionada.
Las autoridades federales informaron que habían iniciado una investigación por los hechos, pero hasta el momento no se conoce que se haya tomado acciones contra los servidores públicos.
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