Este jueves, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) los consejeros acordaron la colocación de un tope de gastos de campaña para los candidatos del Poder Judicial de la Federación.
Con seis votos a favor y cuatro en contra en lo general y siete a favor y tres en contra para que sea un mismo límite de gastos, los consejeros acordaron que ministros, magistrados y jueces puedan gastas hasta 220 mil 326 pesos y algunos centavos para realizar sus recorridos, entrega de volantes y otras actividades proselitistas de cara a la elección del primero de junio.
Las y los candidatos tendrán que presentar sus gastos de campaña ante el órgano electoral, que se encargará de la auditoría para comprobar el ingreso y salida de los recursos.
Durante varios minutos, las y los consejeros debatieron una propuesta alterna que buscaba diferencias los cargos y asignar un monto diferenciado. Para ministros de La Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del Tribunal Electoral: un millón 468 mil 841 pesos; para los candidatos de la Sala Regional del TEPJ: 881 mil 304 pesos; para los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y apelación: 413 mil 111 pesos, y para jueces de distrito 220 mil 326 pesos.
“Si se estableciera un límite de gastos de dos o tres millones de pesos u otra cantidad más elevada, que el límite establecido en la ley con los sueldos que he referido, difícilmente los juzgadores en funciones podrían disponer de un ahorro o un excedente personal suficiente para acercarse al tope. Establecer un tope muy alto favorece inequitativamente a quienes ya tienen una fortuna que les permita gastar millones de pesos para un proyecto incierto”, dijo el consejero Jaime Rivera Velázquez durante la discusión de la propuesta.
La propuesta fue rechazada por los consejeros al considerar que ello violaba la inequidad entre candidatos, de modo que todos tendrán un mismo límite.
De acuerdo con el calendario del proceso en marcha, el periodo de campaña será del 30 de marzo al 28 de mayo. En ella, sólo podrán usarse tiempos públicos para la difusión de propaganda en medios de comunicación, no se permitirán el financiamiento de ningún tipo, y los candidatos tienen prohibido pronunciarse a favor o en contra del resto de los competidores.
El gobierno había promovido que la campaña fuera austera, realizando la repartición de volantes para la difusión de sus propuestas.
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