El proceso judicial contra Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, ha tomado un giro inesperado luego de que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) restableciera la pena de muerte para delitos federales y emitiera un oficio con el objetivo de iniciar la “eliminación total de los cárteles” mexicanos.
La nueva política de la administración del presidente Donald Trump, que ha colocado a los cárteles de la droga en el centro de su estrategia de seguridad nacional, impacta directamente el caso de Zambada García, quien entre los cargos que enfrenta se encuentran los de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato de ciudadanos estadounidenses mediante la distribución de fentanilo.
El Departamento de Justicia de EEUU ya había considerado la posibilidad de solicitar la pena de muerte para “El Mayo” Zambada, sin embargo, según información del periodista Jesús Esquivel, en una publicación de Proceso, esta opción cobra fuerza con la decisión de la procuradora general Pam Bondi de restablecer la pena capital en el ámbito federal.
Y es que con la firma de Bondi, la suspensión de la pena de muerte implementada por la administración de Joe Biden quedó sin efecto, lo que obliga a los fiscales a considerar este castigo en casos graves de crimen organizado. En este contexto, Zambada García podría convertirse en uno de los primeros líderes del narcotráfico en enfrentar la pena máxima bajo la nueva directriz.
El proceso contra el capo se desarrolla en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, bajo la supervisión del juez Brian Cogan, el mismo que en 2019 condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua. Sin embargo, a diferencia de Guzmán Loera, quien fue extraditado a EEUU bajo el acuerdo bilateral con México que impide la pena capital, Zambada García no cuenta con esa protección.
“El Mayo” fue detenido el 25 de julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, al aterrizar en un avión privado en el Aeropuerto Municipal de Santa Teresa, Nuevo México, luego de que, según la versión del veterano capo, fuera emboscado y secuestrado.
La acusación clave en su contra que podría hacer que el capo corra el riesgo de ser ejecutado es el cargo de homicidio múltiple de ciudadanos estadounidenses por sobredosis de fentanilo.
¿Se complica negociación de El Mayo?
Antes de la reinstitución de la pena de muerte, los fiscales federales exploraban la posibilidad de que Zambada García aceptara los cargos en su contra y colaborara con el gobierno de EEUU a cambio de beneficios legales.
En la última audiencia celebrada a principios de febrero, los fiscales informaron que estaban en negociaciones con Zambada García. Bajo este estatus, el capo del Cártel de Sinaloa habría tenido que proporcionar información sobre la red de narcotráfico en México, incluyendo los nombres de funcionarios, políticos, militares y policías vinculados con el crimen organizado.
Sin embargo, la orden de Bondi de priorizar la pena de muerte para líderes de cárteles podría complicar estos acuerdos con el abogado del capo, Frank Pérez.
El próximo 22 de abril, “El Mayoz” comparecerá nuevamente ante el juez Brian Cogan en una audiencia clave.
Mientras tanto, de acuerdo con el periodista Luis Chaparro, el cofundador del Cártel de Sinaloa, que pasó más de 50 años huyendo de la justicia, ha comenzado a dar información de los nexos que habría tenido con presidentes, expresidentes, gobernadores, exgobernadores y demás personajes, entre los que estaría mencionados Andrés Manuel López Obrador.
Mano dura a los cárteles mexicanos
Paralelamente al caso de Zambada García, el gobierno de EEUU ha intensificado su estrategia contra los cárteles mexicanos. La Fiscalía General de EEUU emitió un memorándum hace unos días en el que ordena iniciar la “eliminación total de los cárteles”, en cumplimiento de la nueva política de seguridad de Trump.
El documento menciona explícitamente a los principales grupos del narcotráfico, incluyendo al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Tren de Aragua, además de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Entre las medidas contempladas está la posibilidad de designar a estos cárteles como organizaciones terroristas, lo que permitiría a las agencias de seguridad aplicar tácticas más agresivas contra sus líderes.
“El Departamento de Justicia debe hacer más para mitigar el daño que estos grupos criminales causan en EEUU y frenar la entrada de venenos mortales como el fentanilo”, se lee en el oficio.
Además, la Fiscalía ordenó a los fiscales federales que persigan a los líderes de los cárteles con cargos más severos, incluyendo terrorismo, crimen organizado y violaciones a la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros. También se reforzará el control sobre el tráfico de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.
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