
Después de dos años de litigio, Carlos Fabián Martínez, alias ‘El Cuate’, se declaró culpable de los delitos de extorsión y lavado de dinero cometidos como parte de una red criminal que buscaba monopolizar los servicios de agencias transmigrantes en la frontera de México y Estados Unidos.
Estas empresas se dedican, primordialmente, a facilitar los trámites que las personas transmigrantes deben realizar ante las autoridades aduaneras para el transporte de mercancías y vehículos, en este caso, desde Estados Unidos hasta Centroamérica, pasando por México. A cambio de estos servicios, cada agencia cobra una tarifa de acuerdo con el número y el tipo de bienes que van a cruzar por la frontera.
Sin embargo, en el año 2011 cuatro empresas del condado de Cameron, en Texas, acordaron que cobrarían la misma cantidad de dinero a cambio de sus servicios, lo que eliminaría la competencia entre ellas. Este conglomerado de entidades, eventualmente, creó un monopolio sobre estos servicios, de acuerdo con expedientes judiciales citados por Valley Central.
Documentos de la Corte del Distrito Sur de Texas exponen que los encargados de esta red eran Carlos Fabián Martínez (yerno de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo), Marco Antonio Medina, Rigoberto Brown, Pedro Antonio Calvillo Hernández, Roberto García Villarreal (alias ‘Betín), Miguel Hipólito Caballero Aupart, Sandra Guerra Medina y Mireya Miranda.

Durante varios años, los acusados se encargaron de repartirse el mercado de los servicios a transmigrantes en el puerto de entrada de Los Indios, en Texas. De forma coordinada modificaban los precios en la región, a la vez que monitoreaban y castigaban a quienes no participaran en su esquema.
La red criminal “disuadió, por medios que incluían amenazas y actos de violencia, a los nuevos participantes y a los intrusos que suponían una amenaza para la estabilidad, el funcionamiento o la existencia continuada de la conspiración de fijación de precios y asignación de mercados”, puede leerse en la acusación.
Las indagatorias del gobierno estadounidense permitieron conocer que en 2013, esta asociación delictiva cobraba a las agencias ajenas una tarifa de 40 dólares por vehículo a cambio de un “paso seguro” por México. Entre 2017 y 2018 el cobro de piso ascendió a los 65 dólares por automóvil y en 2019 subió nuevamente hasta los 80 dólares por unidad.
Según los reportes de Valley Central, el acuerdo de culpabilidad al que llegaron los abogados y los fiscales encargados del caso establece que ‘El Cuate’ obtuvo ganancias de al menos nueve millones y medio de dólares (195 millones 429 mil 250 pesos al tipo de cambio actual) durante su participación en la conspiración.
Pese a que el acuerdo con los fiscales contempla una sentencia reducida de 11 años por los cargos criminales, la autoridad judicial agendó una audiencia para el próximo mes de mayo, en la cual se dará a conocer la condena final del ‘Cuate’.
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