Diputada propone que niños sólo puedan estar hasta los tres años de edad con sus madres reclusas

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en México 344 niñas y niños vivían en centros penitenciarios junto a sus madres privadas de la libertad durante ese año.

Según el informe de la CNDH, algunos estados, como Guerrero, permiten la estancia de menores de hasta 8 o incluso 12 años en sus instalaciones penitenciarias, lo que contraviene los principios establecidos en la legislación nacional e internacional.

En este contexto, la diputada Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida y desarrollo para los menores nacidos y criados en prisión.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer que los niños y niñas puedan permanecer con sus madres en los centros penitenciarios hasta los tres años de edad. Posteriormente, la separación deberá realizarse de manera gradual y bajo la supervisión de un especialista en psicología, quien emitirá un dictamen para garantizar que el proceso sea lo menos traumático posible.

El dictamen psicológico incluirá recomendaciones sobre un régimen de visitas y convivencia entre el menor y su madre, que se llevará a cabo durante los días de visita familiar.

Este enfoque tiene como propósito preservar el vínculo emocional entre ambos, incluso después de la separación física. Además, se establece que la custodia de los menores será otorgada a un familiar designado por la madre, a un albergue de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la entidad federativa correspondiente, o a una organización de la sociedad civil certificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La diputada Martínez García subrayó que, durante la estancia de los menores en los centros penitenciarios, se debe garantizar su acceso a una alimentación adecuada, atención pediátrica y espacios para la recreación y actividades didácticas. Estas medidas, según la propuesta, son esenciales para promover un desarrollo sano y respetar el principio del interés superior de la niñez, tal como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El medio legislativo también destacó que el Estado tiene la obligación de proteger el interés superior de la niñez, asegurando que los menores accedan plenamente a sus derechos fundamentales, como la alimentación, la salud, la educación y el esparcimiento.

La diputada advirtió que esta situación podría derivar en graves problemas sociales a largo plazo. Los menores que crecen en un entorno penitenciario están expuestos a factores criminógenos, violencia, hacinamiento e insalubridad, lo que puede generar alteraciones psicológicas y afectar su desarrollo emocional.

Aunque permanezcan bajo el cuidado de sus madres, el ambiente en el que se desarrollan no es adecuado para garantizar su bienestar integral, especialmente cuando alcanzan una edad en la que son conscientes de las condiciones que los rodean.

Las cifras presentadas por la CNDH señalan que en 2022, 346 niñas y niños vivían en centros penitenciarios; en 2021, la cifra fue de 343; en 2020, 128; en 2019, 362; y en 2018, 436.

El documento legislativo, que fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, busca no solo garantizar el desarrollo integral de los menores, sino también prevenir que las condiciones de los centros penitenciarios perpetúen ciclos de violencia y exclusión social.