La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la ‘Operación Enjambre’ del Estado de México y otras acciones similares realizadas en varias entidades del país tienen la finalidad de disminuir el alto nivel de violencia presente en ciertas zonas, por lo que se continuará trabajando para acabar con la colusión entre servidores públicos y el crimen organizado.
En la conferencia de prensa matutina ―también conocida como ‘La Mañanera del Pueblo’― de este 20 de diciembre, la titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre si las recientes detenciones de funcionarios públicos municipales y estatales responden a una “estrategia integral de seguridad y limpieza”.
Al respecto, Sheinbaum aseguró que “no se puede hablar de limpieza” porque dicha palabra podría tener connotaciones de discriminación y otro tipo.
“No es una palabra que a mí me parezca correcta, aquí es el cumplimiento de la ley. Ahí donde se encuentra que hay colusión entre la autoridad y el crimen pues se tiene que actuar”, declaró.
Indicó que la mayoría de los casos son investigados por las fiscalías estatales, aunque en ocasiones se solicita ayuda a las fuerzas federales, como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Parte de las investigaciones que se hacen para disminuir los altos niveles de violencia”, agregó.
El ‘estallido’ de la Operación Enjambre
El pasado 22 de noviembre de 2024, el gobierno del Estado de México ―encabezado por la morenista Delfina Gómez Álvarez― dio a conocer el despliegue de un operativo denominado ‘Enjambre’ para detener a 14 funcionarios públicos presuntamente vinculados con grupos del crimen organizado.
Una semana después, se reveló que con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) ya se habían ejecutado un total de 24 ordenes de aprehensión.
Se trata de una presidenta municipal; un presidente honorario del DIF; ocho comisarios y/o directores de seguridad pública; cuatro mandos; y 10 elementos de corporaciones de seguridad, quienes son vinculados a delitos como delitos como homicidio, secuestro exprés y extorsión.
El hecho marcó un precedente y ocasionó que en otros estados del país comenzaran a ejecutarse acciones similares.
Por ejemplo, entre los hechos más recientes (19 de diciembre) la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León dio a conocer la detención de Blas Escamilla, director de Inspección del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, por acusaciones de corrupción.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas anunciaba la aprehensión de seis presuntos miembros de una banda criminal dedicada al robo de vehículos y extorsión. Entre los detenidos se encuentran tres agentes de la Policía de Investigación estatal.
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