
“El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país, por esa transferencia de lealtades y asociaciones”. Las palabras corresponden a Porfirio Muñoz Ledo y fueron lanzadas en junio de 2022: un año previo a su muerte y dos años antes de la sucesión presidencial y de la guerra que tiene bajo fuego a Sinaloa.
En ese no tan lejano 2022 ya se hablaba del presunto financiamiento del crimen organizado a las campañas políticas de Andrés Manuel López Obrador y otros abanderados y posteriormente electos gobernadores de Morena: Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Sonora y Baja California, sólo algunos ejemplos.

El siguiente gobierno resultó ser el de Claudia Sheinbaum, una administración que inició con Sinaloa incendiado por la presunta traición de Los Chapitos a Ismael Zambada García y el arresto de éste el 25 de julio de 2024. La guerra inició hasta el 9 de septiembre y aún con AMLO en el poder se registraron los primeros 115 asesinatos por los enfrentamientos.
Octubre es hasta el momento el mes más violento con 179 homicidios dolosos en Sinaloa; mientras que en noviembre el número de víctimas ya alcanza la cifra de 75, según datos obtenidos del informe diario de homicidios dolosos de las dependencias de seguridad locales y federales.
La pacificación del país depende de los pactos criminales
El sexenio de AMLO -según datos del INEGI- terminó con un total de 201 mil 142 personas asesinadas. Falló la política de los “abrazos, no balazos”, señalaron diversos analistas y periodistas a lo largo de su sexenio y, una vez fuera del cargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lanzó la estocada final: “La estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó (...) La realidad es que el pueblo de México no vive en seguridad y eso se tiene que ver muy claramente”.
El político de amplia trayectoria en las militancias del PRI y PRD, y que en algún momento de su carrera llegó a ser aliado de AMLO, recalcó que podría existir un riesgo aún mayor: “Que el narco le exija más a los nuevos actores”.

En varios estados del país hay casos en los que se señalan presuntos nexos de funcionarios públicos con el crimen organizado. A continuación algunos ejemplos:
- En Tabasco se destituyó al extitular de la SSP, Hernán Bermúdez Requena, y recientemente el gobernador Javier May dejó entrever que era el líder del grupo criminal de La Barredora.
- El comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán González, es señalado de recibir un soborno millonario de parte del CJNG para entregárselo al actual SSP, Víctor Hugo Chávez Martínez
- Narcomantas y folletos firmados por La Mayiza señalan presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa con Los Chapitos
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, apareció durante su campaña en una fotografía con un integrante del Cártel del Golfo
- Germán “N”, titular de la SSP de Chilpancingo, fue arrestado como presunto responsable del homicidio y decapitación de Alejandro Arcas Catalán, el alcalde asesinado y decapitado a 6 días de asumir su cargo
En una entrevista para Infobae México previo a las elecciones de 2024, el periodista Ricardo Ravelo señaló que no puede verse como una coincidencia que en cada estado en el que avanza Morena se afinca el CJNG; aventuró, además, una posible pacificación del país sustentada en un pacto político-criminal a cambio de ceder territorio para que uno o dos cárteles mantengan el emporio delictivo.
Ricardo Ravelo recordó una frase que se le atribuye a Juan José Esparragoza Moreno (El Azul): “La paz social del país no depende del Gobierno, sino de los acuerdos a los que lleguen los cárteles”.
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