Durante una sesión vespertina en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de validez constitucional de dos proyectos aprobados en días recientes, es decir en materia de vivienda, así como de bienestar. Ambas iniciativas fueron enviadas al Congreso de la Unión por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Acerca de la reforma en materia de bienestar, la cual recibió el respaldo de 22 Congresos estatales, el presidente de la mesa directiva pronunció.
“La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar”.
Con la declaratoria, la edad establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos (CPEUM) para recibir una pensión se reducirá de los 68 a los 65 años. De igual manera, establece una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años.
Por otro lado, con la reforma al artículo 27 se elevará a rango constitucional el programa Sembrando Vida y se establecerán precios de garantía para maíz, frijol, arroz, leche y trigo, como parte de los programas sociales dedicados a productores campesinos y pescadores, los cuales también serán elevados a rango constitucional
Por otro lado, sobre la reforma en materia de vivienda, la cual recibió el visto bueno en 18 Congresos de diversos estados, uno más que el requerido para la declaratoria de mayoría, Gerardo Fernández Noroña expuso:
“La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo y se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción decimosegunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras”.
En el caso de la reforma en materia de vivienda, consiste en “un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley”, según el proyecto.
De esa forma, después de un año de cotización, las personas trabajadoras podrán acceder a viviendas en arrendamiento y la mensualidad de pago no podrá ser superior al 30% del salario. Por otro lado, ampliará las facultades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para convertirla en una constructora pública.
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