La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad una reforma al artículo 2° de la Constitución mexicana que hace que se reconozca la personalidad jurídica y patrimonial propia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, logrará que estos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dejen de ser entidades de interés público, para convertirse en titulares de derecho y obligaciones jurídicas.
El diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, leyó una sinopsis del dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura hizo sobre esta iniciativa; dijo que se establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades como una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ella.
En este sentido, la reforma busca la incorporación del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
Con este cambio se les otorgará el derecho de ser consultados cuando se pretenda implementar alguna reforma o medida administrativa que pueda afectar su vida o entorno. Además garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
La diputada por Morena, Irma Juan Carlos, quien es originaria del pueblo indígena chinanteca, en Oaxaca, habló en nombre de estas comunidades, y señaló que la aprobación marca un momento histórico, pues después de siglos de exclusión se hace les hace justicia.
Esta reforma establece que cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por este; y que el particular que obtenga lucro de la medida administrativa debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo, en los términos que establezcan las leyes aplicables.
También puntualiza que será obligación del estado garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administrar sus medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.
Esta es una de las 20 iniciativas que el ejecutivo envió a los congresos legislativos el pasado 5 de febrero, y que se estarán discutiendo en este congreso en los días próximos.
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