
Con la aprobación de la controvertida y criticada reforma al Poder Judicial de la Federación en el Senado de la República, se abre la puerta a la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados y con ello la posibilidad de que la justicia se politice.
De acuerdo con el dictamen avalado, dicha elección contempla la elegibilidad de mas de 1 600 cargos, entre los que destaca ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Cómo será la elección

La reforma constitucional revela que las elecciones deberán ser organizadas por el Instituto Nacional Electoral y que los aspirantes a algún cargo tendrían que hacer campañas para obtener el voto de la gente, sin embargo no explica los lineamientos ni cómo la autoridad electoral deberá llevar a cabo el proceso.
De acuerdo con diversos especialistas, con la propuesta del Ejecutivo, este método deja fuera la carrera judicial y los méritos profesionales y atropella la independencia y transparencia, pues señalan que esta situación favorecerá a quienes están de acuerdo con el oficialismo.
Entre los requisitos para aspirar al algún cargo judicial, incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica.
Habrá menos ministros

El proyecto de reforma también pretende reducir a nueve los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy compuesta por 11 integrantes.
Además, explica que la presidencia será renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura y detalla que los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, a una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo.
Adiós al Consejo de la Judicatura

El dictamen también propone sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, por el Tribunal de Disciplina Judicial y estará encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Según el documento de la reforma, también se creará el Órgano de Administración Judicial que estaría integrado por cinco personas designadas para un período de seis años.
Rechazo a la reforma

Frente a esta reforma, diversas organizaciones han expresado su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo pues han afirmado que ésta podría en riesgo la democracia del país y la independencia judicial.
De acuerdo con el colectivo de organizaciones de la Sociedad Civil, La Justicia que Queremos, manifestó su preocupación al afirmar que, “hasta ahora, los jueces, y en general el Poder Judicial, han estado alejados de la gente y es muy difícil obtener justicia”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también expresó su preocupación por la aprobación de la reforma afirmando que atenta contra la autonomía judicial.
“Afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución Política”, indicó la CEM en un comunicado.
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