
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, informó que al mediodía de este 2 de agosto sostendrá una reunión con las autoridades de Guatemala. El objetivo, según informó, es abordar la llegada de más de 400 mexicanas y mexicanos al vecino sur a causa de la violencia que se vive en los municipios fronterizos de Chiapas.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, Bárcena informó que, a 10 días de decenas de familias de Amatenango de la Frontera comenzaron a huir con dirección al municipio de Cuilco, ubicado al norte de Guatemala, 61 personas ya retornaron a sus hogares voluntariamente.
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“Todo comenzó el 23 de julio con un grupo de 400 personas que cruzaron la frontera y llegaron a Cuilco, en Huehuetenango. Ha habido cambios en la dinámica”, detalló.
Según informó, en un primer momento se registró la llegada de:
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- 247 mexicanos a Ampliación Nueva Reforma.
- 30 mexicanos a Monterrico, pueblo del municipio de Taxisco, Santa Rosa.
- 23 mexicanos a Las Pilas, en Huehuetenango.
- 10 mexicanos a La Unión.
- 10 mexicanos a La Playita.

Del total, 247 han recibido certificados de permanencia humanitaria por parte del gobierno guatemalteco, lo que les permitirá permanecer en la región durante 30 días e incluso, si lo desean, trabajar en la zona.
Bárcena informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) propuso a las familias desplazadas trasladarlas a refugios instalados en Tapachula, sin embargo, rechazaron esta ayuda debido a que no quieren abandonar sus hogares y pertenencias. Algunos viajan diario entre ambos países para verificar que todo esté en orden.
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“Cónsules de México se trasladaron a Cuilco y detectaron lo siguiente: la mayor parte de la población prefiere pertenecer del lado guatemalteco porque no quieren perder sus propiedades y animales”, señaló.
Por otra parte, aseguró que el Ejército ya reforzó la seguridad en Amatenango de la Frontera, por lo que ya existen las condiciones para su retorno.
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Violencia en Chiapas
De acuerdo con los reportes, las y los habitantes de los municipios fronterizos entre Chiapas y Guatemala se han visto afectados por la lucha territorial que sostienen grupos del crimen organizado, específicamente, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por otra parte, destaca que ambas organizaciones criminales también se benefician del elevado nivel de marginación estatal de Chiapas para unir a sus filas a jóvenes, a quienes les ofrecen llamativos “salarios” por convertirse en sicarios.
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