La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, informó que al mediodía de este 2 de agosto sostendrá una reunión con las autoridades de Guatemala. El objetivo, según informó, es abordar la llegada de más de 400 mexicanas y mexicanos al vecino sur a causa de la violencia que se vive en los municipios fronterizos de Chiapas.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, Bárcena informó que, a 10 días de decenas de familias de Amatenango de la Frontera comenzaron a huir con dirección al municipio de Cuilco, ubicado al norte de Guatemala, 61 personas ya retornaron a sus hogares voluntariamente.
“Todo comenzó el 23 de julio con un grupo de 400 personas que cruzaron la frontera y llegaron a Cuilco, en Huehuetenango. Ha habido cambios en la dinámica”, detalló.
Según informó, en un primer momento se registró la llegada de:
- 247 mexicanos a Ampliación Nueva Reforma.
- 30 mexicanos a Monterrico, pueblo del municipio de Taxisco, Santa Rosa.
- 23 mexicanos a Las Pilas, en Huehuetenango.
- 10 mexicanos a La Unión.
- 10 mexicanos a La Playita.
Del total, 247 han recibido certificados de permanencia humanitaria por parte del gobierno guatemalteco, lo que les permitirá permanecer en la región durante 30 días e incluso, si lo desean, trabajar en la zona.
Bárcena informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) propuso a las familias desplazadas trasladarlas a refugios instalados en Tapachula, sin embargo, rechazaron esta ayuda debido a que no quieren abandonar sus hogares y pertenencias. Algunos viajan diario entre ambos países para verificar que todo esté en orden.
“Cónsules de México se trasladaron a Cuilco y detectaron lo siguiente: la mayor parte de la población prefiere pertenecer del lado guatemalteco porque no quieren perder sus propiedades y animales”, señaló.
Por otra parte, aseguró que el Ejército ya reforzó la seguridad en Amatenango de la Frontera, por lo que ya existen las condiciones para su retorno.
Violencia en Chiapas
De acuerdo con los reportes, las y los habitantes de los municipios fronterizos entre Chiapas y Guatemala se han visto afectados por la lucha territorial que sostienen grupos del crimen organizado, específicamente, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por otra parte, destaca que ambas organizaciones criminales también se benefician del elevado nivel de marginación estatal de Chiapas para unir a sus filas a jóvenes, a quienes les ofrecen llamativos “salarios” por convertirse en sicarios.
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