
La Ley Paola Buenrostro es una iniciativa propuesta por la activista trans Kenya Cuevas, la cual fue nombrada de esta manera debido al asesinato de la mujer trabajadora sexual que le dio su nombre, Paola Buenrostro, cuya muerte fue el primer transfeminicidio reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF).
Desde el asesinato de Paola Buenrostro, la activista trans ha realizado diversas acciones en favor de la comunidad con el objetivo de disminuir las violencias de las que son víctimas, ya que al ser discriminadas tienen menores posibilidades para desarrollarse en el ámbito educativo y laboral.
Luego de las diversas protestas que se han realizado fuera del Congreso de la Ciudad de México por colectivos de mujeres trans con el objetivo de tipificar el delito de transfeminicidio, finalmente acordaron su aprobación para el próximo 18 de julio.
Las exigencias de la comunidad trans se basan en la finalización del periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso Local, por lo que decidieron presionar a los congresistas para que aprueben la iniciativa de Ley presentada desde 2021 en compañía del diputado Temístocles Villanueva.
En datos del registro realizado por la Asamblea Nacional Trans No Binarie, en lo que va del año 2024 han asesinado a 28 mujeres trans en México, de las cuales 8 han ocurrido en la Ciudad de México. Según el portal Presentes, los nombres de las ocho mujeres son: Samantha Fonseca, Debaly Vilchis, Vanessa, Debanny y Alondra, de las tres restantes no se sabe su nombre.
¿En qué consiste la Ley Paola Buenrostro, propuesta por Kenya Cuevas?

Luego de presenciar la muerte de su compañera, Kenya Cuevas se convirtió en activista en favor de los derechos de las mujeres trans. En 2020 fundó la Casa de las Muñecas Tiresias, hogar temporal en el que se brinda atención psicológica, médica y apoyo para estudiar y trabajar a mujeres pertenecientes a la comunidad con el fin de mejorar su calidad de vida.
Fue en marzo de 2024 que la iniciativa de Ley Paola Buenrostro fue presentada en compañía del diputado Temístocles Villanueva luego de rediseñarla, esto con el objetivo de reformar diversos ordenamientos en materia de tipificación y atención de víctimas de transfeminicidio.
En dicha iniciativa se busca que se añada en el artículo 69 el término Transfeminicidio con el objetivo de tipificar ante la Ley que quienes cometen este delito lo hacen a causa de la identidad de género o expresión de la mujer trans, es decir, identificarlo como un crimen de odio debido a las características de esta población.
Además, establece que se castigue a las personas que cometan el delito de transfeminicidio con una sentencia de 35 a 60 años de prisión.
Por otra parte, esta Ley establece que las personas servidoras públicas que entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia serán acreedoras a una pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a mil quinientos días de multa, así como su destitución.
En cuanto a las investigaciones, también señala que los funcionarios públicos deberán evitar cometer actos de revictimización, aplicar estrictamente el protocolo de actuación para la atención a las personas de la comunidad LGBTTTI, evitar prejuicios y estereotipos de género, así como de roles tradicionales.
Debido a que muchas de las mujeres trans viven solas o sufren discriminación por parte de sus familias sanguíneas, esta Ley también señala que se reconozca a la familia social (quienes son personas del círculo más cercano como amigos o compañeros de trabajo) de la víctima, esto con el fin de tener la facultad de solicitar el acta de defunción y de recibir el cádaver en caso de no ser reclamado.
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