El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al caso del empresario Carlos Ahumada, quien fue detenido el 7 de junio pasado en Panamá y es conocido por protagonizar los ‘Videoescándalos’ que marcaron el sexenio del mandatario como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
En la conferencia mañanera de hoy, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recordó que el empresario promovió un amparo en abril de este año para evitar ser detenido por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que no se podría cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.
Destacó que ha esto último se suma que algunas de las acusaciones en contra del empresario ya prescribieron, por lo que la Fiscalía General no ha emitido una orden de extradición.
“En virtud de que había un amparo se informó a la Fiscalía de la Ciudad de México y de la General de la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del sentenciado, es decir, había una orden de aprehensión se amparó contra esa orden y pues no se puede cumplir esa orden no se aprehender a esa persona porque tiene un amparo y algunas otras causas ya prescribieron, eso es lo que legalmente corresponde, y esa es la causa por lo que no hay una orden de extradición”, dijo en la conferencia mañanera de López Obrador.
La funcionaria federal evitó aclarar si la detención del empresario podría considerarse ilegal, argumentando que no le gustaría “entrar a fondo”, ya que el gobierno no tiene los detalles del litigio; sin embargo, puntualizó que la Fiscalía General de la República no tiene materia para pedir que extraditen al empresario desde Panamá.
-¿Está aprehendido ilegalmente?
“No quiero entrar a fondo porque es la Fiscalía la que nos ha dado esa información, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Republica no tenía materia para pedir una extradición porque estaba amparado contra cualquier orden de reaprehensión, en suma. Cosas y detalles sobre el litigio no los tiene el gobierno federal, eso se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y de la República”, respondió.
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