
Hasta el mes de mayo de 2024, semanas antes de que la ciudadanía acuda a las urnas, más de 30 aspirantes y candidatos a algún cargo de elección popular habían sido asesinados, por lo que el actual proceso se perfila para ser el más violento en la historia del país.
Ejecuciones públicas, tiroteos con múltiples víctimas, descuartizamientos, desapariciones, amenazas y atentados han sido sólo algunos de los episodios que han opacado a las elecciones de mayor magnitud que se hayan vivido en México.
La gran mayoría de víctimas han sido candidatos locales y, de acuerdo con un reciente artículo publicado en The New York Times, esto tiene una explicación. A partir de una serie de entrevistas a funcionarios y analistas de seguridad, los periodistas Emiliano Rodríguez Mega y Simon Romero encontraron algunas de las posibles motivaciones de esta oleada de violencia.
Reportes policiales locales e informes periodísticas consultados por The New York Times apuntan que, a una semana de la jornada electoral, se registraron al menos 28 casos de candidatos asesinados en los que podría estar involucrado el crimen organizado.

Esto se debe a que, “para maximizar sus ganancias” en negocios como la extorsión y el tráfico de y migrantes, “necesitan funcionarios electos dóciles”.
Durante una entrevista con el citado medio, Sandra Ley, analista de México Evalúa, señaló que los cárteles necesitan “acceso a recursos e información que le es fundamental en su día a día”. Entre 2011 y 2012, el grupo recientemente surgido de Los Caballeros Templarios impuso en Michoacán un sofisticado esquema de extorsiones a productores de aguacate gracias a que tenían en su poder los registros oficiales de la industria agrícola del estado, así como archivos del catastro.
Por otro lado, los funcionarios y candidatos del nivel municipal se encuentran en el eslabón más debilitado del gobierno, tanto en lo presupuestal como en lo relacionado con el aparato institucional.
El interés de los grupos criminales es, entonces, “capturar recursos gubernamentales, tener acceso a información que le resulta crucial para su operación, capturar el aparato de seguridad”, según declaraciones de Sandra Ley.

En territorios como Guanajuato, la disputa existente entre los cárteles de Santa Rosa de Lima (CSRL) y Jalisco Nueva Generación (CNJG) ha llevado al agotamiento de algunas dependencias de seguridad. En una entrevista de 2022 con Telediario, el secretario de Seguridad Estatal, Alvar Cabeza de Vaca, expuso que en siete demarcaciones se habían quedado sin policías municipales: Manuel Doblado, Juventino Rosas, Coroneo, Tarandacuao, Xichú, Atarjea y Victoria.
Celaya, ciudad en la que fue asesinada a plena luz del día la candidata Gisela Gaytán Gutiérrez, tiene vacantes más del 70% de las plazas del cuerpo policiaco municipal.
“Buscan convertirse en gobernantes de facto de las ciudades de todo México, sobre todo por razones económicas”, añadieron los periodistas del NYT respecto al interés del crimen organizado en el actual proceso.
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