El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio) dio a conocer que por medio de chantajes y amenazas, el crimen organizado obliga a pequeños comerciantes a vender cigarros de manera ilegal.
Gerardo López Becerra, presidente de Concomercio, dijo que “los pequeños comercios del país son víctimas permanentes del clima de inseguridad que azota al país, pues además del llamado robo hormiga, el pago de derecho de piso y atracos recurrentes, ahora también deben padecer los embates del crimen organizado, el cual se ha convertido en el principal distribuidor de diferentes productos, como lo de cigarros de contrabando o robados...”.
Externó que “si no se detiene la extorsión a negocios pequeños a manos del crimen organizado, puede provocar un colapso de salud y económico de tamaños titánicos para el país, pues habrá un cierre masivo de empresas, desempleo, desplome de ingresos públicos, suspensión de programas sociales, inseguridad, entre otras consecuencias; es claro, se necesitan acciones inmediatas; el proceso electoral 2024 no puede ser pretexto para no resolverlo”.
Dijo que los cigarros ilegales son introducidos a negocios mediante chantajes y extorsión para que sean exhibidos y vendidos. Los dueños que se nieguen a esto pueden ser víctimas de ataques a su integridad o negocio.
López Becerra aseguró que contrario a lo que dicen los gobiernos federal, estatal y municipal de que sí hay seguridad, las bandas criminales han tomado tanta fuerza que hoy en su día son quienes definen la pauta comercial en algunas zonas del país a un grado tal que imponen un auténtico escenario de terrorismo al chantaje a negocios y comercios.
A los comerciantes los amenazan de que perderán la vida y su patrimonio si no venden cigarros ilegales. Sin embargo, también está el riesgo que implica para los consumidores fumar esos productos ilícitos porque no todos cumplen con las normas de calidad y seguridad, porque se detectó que tienen residuos de pasto, periódico, cartón y hasta heces fecales.
Dijo que observaba indiferencia de las autoridades ante esa situación al no verse acciones coordinadas e integrales para revertir ese escenario, por lo que “ya existe gente que prefiere bajar la cortina de manera permanente y cambiar de actividad productiva, decisión que impacta emocional y económicamente a su familia y deja sin empleos a los trabajadores del negocio”.
Recordó que el Instituto Oxford Economics estimó que casi el 20% de los cigarros de tabaco que se comercializan en México son ilegales, por lo que calculó que la evasión fiscal podría rebasar los 13 mil 500 millones de pesos al año.
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