Tras un violento suceso en Acambay, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) acudieron a la carretera Agostadero - Conejo en respuesta a un enfrentamiento entre las agrupaciones criminales “La Familia Michoacana” y “Los Torrijos”. El conflicto dejó como saldo dos personas fallecidas y se reportó una persona herida que no fue hospitalizada.
La intervención policial en el Estado de México se produjo después de una apresurada notificación del Centro de Mando estatal ante los indicios de confrontación por actividades ilícitas de huachicol, narcotráfico y tráfico de personas.
En la escena del crimen, se localizaron tres camionetas perforadas por disparos y un cuerpo inerte, mientras otro cadáver fue encontrado en las inmediaciones de un hospital local. La investigación preliminar sugiere que el choque armado fue producto de un intento por dominar dichas actividades delictivas entre las que destacan, el narcotráfico, el huachicol y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.
Las autoridades han reforzado la presencia policial en la zona para preservar la seguridad ciudadana y evitar futuras escaladas de violencia. La SSEM permanece en alerta y continúa con las indagaciones pertinentes para esclarecer cabalmente los hechos y determinar las responsabilidades.
La información sobre el incidente está en proceso de actualización, por lo que se esperan más detalles conforme avance la investigación.
Penas por tráfico de personas y huachicol, última actualización en 2023
El Gobierno de México ha actualizado las medidas en su lucha contra delitos vinculados a hidrocarburos y trata de personas, imponiendo severas sanciones que buscan erradicar el huachicoleo y la trata de personas.
Según el marco jurídico vigente, el robo de combustible, conocido popularmente como huachicoleo, será castigado con penas de prisión de entre 20 a 30 años y multas que oscilan entre los 20 mil y 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En paralelo, aquellos que incurran en trabajos forzados serían sancionados con penas que van desde los 10 a 20 años de cárcel, acompañadas de multas de entre 5 mil a 50 mil días. Estos cambios reflejan una postura más rígida frente a delitos que afectan gravemente a la sociedad y la economía nacional.
La última reforma realizada en el 2021 a la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos remarca el endurecimiento de castigos para combatir eficazmente el mercado ilegal de combustibles.
Esta legislación busca disuadir la práctica conocida como huachicoleo, que no sólo representa pérdidas económicas significativas sino también graves riesgos de seguridad para las comunidades cercanas a las tomas clandestinas.
En cuanto a la trata de personas, el gobierno reafirma su compromiso de proteger a la población de redes de explotación laboral y sexista, incrementando también las penitencias a los infractores que coaccionen mediante la fuerza o amenazas provenientes de organizaciones criminales.
La imposición de estas sanciones también refleja el interés del gobierno en alinearse con estándares internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos y el combate al crimen organizado.
Con información de fuentes oficiales, se espera que la materialización de estas penas tenga un efecto disuasorio y logre una disminución palpable tanto en la incidencia del huachicoleo como en los casos de trata de personas dentro del país.
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