Gobierno de AMLO recriminó libertad a militares en Caso Ayotzinapa: “No nos extraña del Poder Judicial”

La Secretaría de Gobernación suscribió la postura de la Fiscalía General de la República que busca impugnar la decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo

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Ocho militares obtuvieron un amparo
Ocho militares obtuvieron un amparo para continuar su proceso en libertad (Europa Press/Contacto/Luis Barron)

El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Gobernación (Segob), recriminó la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, de otorgar libertad a ocho militares presuntamente involucrados en el Caso Ayotzinapa.

Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia federal coincidió y suscribió la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) de impugnar la decisión que tomó la jueza, así como los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio del Tribunal Colegiado correspondiente.

Ante esto, la administración federal dijo que no se extraña de la posición que tomó el Poder Judicial de la Federación (PJF), pues argumentaron que en sus prioridades “nunca ha estado hacer justicia” y, por el contrario, acusaron que se han dedicado a entorpecer el desarrollo del proceso.

El gobierno federal emitió un
El gobierno federal emitió un comunicado mediante la Segob (Cuartoscuro)

Asimismo, recordó que en el tiempo que lleva el caso, el Poder Judicial liberó en el pasado a 62 implicados en los hechos “al argumentar que habían sido torturados”, además de que señalaron que también habría intentado liberar al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, mediante el cambio de sus medidas cautelares.

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos orden poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército”, continuó el comunicado emitido el 22 de enero.

En el escrito también se pudo leer que para el Gobierno de México considera el Caso Ayotzinapa como un asunto de Estado, por lo que adelantaron que solicitarán a la FGR para que se revisen las medidas cautelares, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios.

Finalmente, la administración federal dejó en claro que refrenda su compromiso con la legalidad y con el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de los estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014: “La búsqueda continuará hasta encontrarlos”.