El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó, en la mañanera de hoy, que haría pública una carta en la que pidió la intervención de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña, derivado a la sesión del 30 de noviembre, donde se buscó una audiencia que tenía el objetivo de emitir una nueva medida cautelar contra los 8 militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En la carta, fechada al 12 de diciembre de 2023, Luisa María Alcalde pidió a la presidenta de la SCJN su intervención para prevenir que se modificara la prisión preventiva oficiosa, por el alto riesgo de sustracción de la justicia, derivado a no volver a identificar a los señalados o que escapen del país.
“Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”, se lee en la carta publicada por Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.
En la publicación, Luisa Alcalde sentencia que en el escrito “advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, por la graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan.
En tanto en la conferencia de este marte, el presidente López Obrador señaló que el Poder Judicial busca culpar al Ejército por los hechos ocurridos y aseguró que han abordado el tema de manera correcta.
¿Cuáles son las medidas a las que estarán sometidos los militares?
Sobre la libertad provisional que tendrán los ocho militares para seguir su proceso legal fuera de una cárcel, se informó sobre cuáles son las condiciones que tendrán que cumplir de manera periódica.
- Presentación quincenal: Los elementos del ejército tendrán que asistir los días uno y dieciséis de cada mes ante el juzgado de distrito para firmar una constancia.
- El pago de una garantía económica por 50 mil pesos.
- Entregar su documento original pasaporte para evitar salir del país
- Evitar convivir, acercase o comunicarse con víctimas o testigos protegidos.
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