El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, continuará su proceso en la cárcel luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en Toluca, Estado de México, negó un amparo para que enfrentara en libertad su juicio por presunta participación en delincuencia organizada.
De acuerdo a lo que se conoce, el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá que permanecer en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, debido a que se negó la solicitud que presentó ante el juez Alfonso Alexander López Moreno debido a que está sujeto a un proceso penal ante una autoridad distinta.
“Se desechó dicha petición, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido por su probable intervención en el delito de Delincuencia Organizada con el propósito de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual amerita prisión preventiva oficiosa”, se pudo leer en el documento.
Pese a lo anterior, el jurista concedió una suspensión definitiva para que su libertad quede a disposición del un juez de la causa de amparo, es decir, que el trámite continúe en la instancia correspondiente.
Conviene recordar que el pasado 18 de diciembre, un juez concedió la medida de prisión domiciliaria al exgobernador de Quintana Roo, en la cual el expriista tenía que cubrir una fianza de 10 millones de pesos, además de contar con un brazalete electrónico.
¿De qué es acusado el exgobernador?
El exintegrante del Revolucionario Institucional es acusado de presuntamente vender terrenos propiedad de la entidad que gobernó mediante un prestanombres a precios subvaluados, ocasionando un daño por 900 millones pesos a las arcas locales.
De acuerdo a lo que se conoce, Borge Angulo habría rematado, al menos, 22 predios que formaba parte de una reserva natural, para lo cual creó una red de amigos y familiares; con base en lo anterior es que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez una condena de 15 años de prisión.
Aunado a lo anterior, existen otros dos procesos en Quintana Roo por presunto peculado, debido a que se encontraron presuntas pruebas de un desvío de 594 millones de pesos durante su administración y la subcontratación de servicios aéreos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.
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