La decepción se apoderó de los fanáticos de Luis Miguel en León cuando el esperado concierto programado para el pasado martes 5 de diciembre fue cancelado. Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha instado a aquellos que adquirieron boletos a ejercer sus derechos, permitiéndoles solicitar un reembolso integral, junto con una bonificación por las molestias ocasionadas.
El llamado de la Profeco no sólo es un gesto en defensa de los consumidores, sino también una respuesta firme ante las expectativas truncadas de los seguidores del “Sol de México”.
¿Cuánto dinero deben recibir los afectados?
Según con Milenio, el director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona del Bajío, David Antonio González Gutiérrez, afirma que los afectados pueden reclamar un reembolso que abarque el monto original del boleto, el cargo por servicio, si lo hubo, y un 20% adicional como compensación.
En palabras precisas de González Gutiérrez, “la cantidad que debes de recibir no sólo son los 5 mil pesos del boleto sino el total de lo que pagaste. O sea, 5 mil 800 pesos, más el 20% adicional (sobre el costo del boleto) que establece la ley., por lo que deberás recibir en total 6 mil 800 pesos”.
De tal forma se refleja el compromiso de la Profeco en asegurar que los afectados sean indemnizados de manera justa y completa. El director de la Oficina de Defensa del Consumidor también hizo hincapié en que, en caso de que no se otorgue la bonificación correspondiente, los consumidores tienen el derecho de rechazar el reembolso inicial y presentar su caso ante la Profeco.
Dicho organismo vela por que se cumplan las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, garantizando así que los afectados reciban la compensación adecuada.
Es importante destacar que los afectados cuentan con un plazo de hasta un año para presentar su reclamo ante la Profeco. Durante este periodo, tendrán la oportunidad de verificar si la empresa organizadora cumplirá su promesa de reponer el concierto, como ha sido anunciado en redes sociales.
Este lapso brinda a los consumidores la posibilidad de evaluar si la empresa actuará conforme a sus compromisos y, en caso contrario, tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos.
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