En respuesta a acusaciones presentadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Comisión de Derechos Humanos capitalina y el Instituto Nacional de las Mujeres han iniciado una investigación sobre dos servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

La denuncia incluye cargos de acoso sexual, acoso laboral y discriminación, los cuales supuestamente ocurrieron durante su comisión en Acapulco, Guerrero, para brindar ayuda a los damnificados del “Huracán Otis”.

La investigación se originó a partir de una denuncia formal presentada por dos empleadas de la misma área. Según la denuncia, José Ricardo “L”, jefe de departamento del Centro de Producción de Audiovisual, y Marco Antonio “M”, camarógrafo, ambos dependientes de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social, acosaron sexualmente a las denunciantes.

Al no ceder a las presiones, se alega que se les negaron los viáticos destinados a alimentos y utensilios de higiene, lo cual complico sus actividades durante las gestiones en el Huracán “Otis”.

De acuerdo con los testimonios presentados el 6 de noviembre ante la FGJCDMX, el acoso llegó al punto de dejarlas sin viáticos, obligándolas a pernoctar en el suelo, ya que José Ricardo y Marco Antonio las invitaban a descansar en la camioneta de la SSC.

Durante la grabación de imágenes del desastre del Huracán “Otis”, José Ricardo se acercó, tomó la mano de una de las afectadas y pegó su cuerpo al suyo, incomodándola con caricias inapropiadas, según el relato de una de las denunciantes.

En respuesta a estas acusaciones, las denunciantes solicitan la intervención del jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, y del titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, para que se investigue y sancione a José Ricardo y Marco Antonio con todo el peso de la ley. Además, instan a investigar a Maribel Flores Hernández, Directora Ejecutiva de Comunicación Social de la SSC, por presunta omisión tras el conocimiento de los presumibles hechos, de parte de la demandante.

El acoso laboral es un delito penalizado por la ley en México, en la cual las sanciones pueden incluir multas de hasta 481,000 pesos para los patrones que toleren o no atiendan la violencia laboral, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

A nivel nacional, el Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal para sancionar con multas de hasta 40 días de salario mínimo a quienes ejerzan violencia en el ámbito laboral de manera recurrente y sistemática.

En el Estado de México, la Secretaría de las Mujeres ha implementado medidas para abordar la violencia laboral, incluyendo el acoso sexual. El Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado de México establece disposiciones específicas para abordar estas problemáticas.