
Un juez federal prohibió este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador que realice expresiones que puedan constituir un discurso de odio que incite a la violencia contra las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, concedió una suspensión de plano en un juicio de amparo que busca frenar cualquier orden que atente contra la integridad física de dichos agremiados.
Y es que el Sindicato de Trabajadores del PJF convocó a una marcha este domingo 22 de octubre, que partirá a las 11:00 horas del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, ante la extinción de 13 fideicomisos, al asegurar que violan los derechos laborales del personal operativo como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Cabe mencionar que el amparo fue promovido por Raúl Eduardo Lugo Salgado, quien demandó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX frenar cualquier orden de golpear a los manifestantes.

Según la notificación, tanto AMLO como la Secretaría deberán acatar estas medidas cautelares en un plazo máximo de 24 horas tras ser notificados.
Tan solo este 20 de octubre, durante su conferencia matutina, López Obrador insistió en las críticas al Poder Judicial y aseguró que los trabajadores se están manifestando para “mantener los privilegios” de los altos mandos, por lo que las protestas son “de pena ajena”.
“Imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho: No se les van a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les va a quitar prestaciones, nada, es los de arriba, que es una vergüenza”, señaló.
Actualmente, los empleados se encuentran en paro de labores hasta el 24 de octubre en protesta.
La 4T vs el Poder Judicial

Con 27 votos a favor por parte de diputados de Morena y aliados, el pasado 10 de octubre se aprobó desaparecer 13 fideicomisos del PJF, que suman en conjunto 15 mil 434 millones de pesos.
El único fideicomiso que se salva será el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6 mil 103 millones.
De acuerdo con la autollamada Cuarta Transformación (4T), el objetivo de esta medida es recortar los “privilegios” de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con ello destinar los recursos supuestamente a obras públicas y programas sociales.
Legisladores morenistas argumentan que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.

Sin embargo, la SCJN advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros, a quienes el presidente acusa de recibir 600 mil pesos al mes como salario.
Por su parte, el sindicato afirmó que los fideicomisos eliminados se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales de lo empleados, como seguridad social, vivienda, pensiones, cobertura de salud y retiro.
Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.

Y es que en el último año, la Primera Sala le ha tumbado varias reformas aprobadas por los legisladores de la 4T, como su “Plan B” de la reforma electoral.
Cabe mencionar que todavía falta que la extinción de fideicomisos sea aprobada en el Senado.
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