
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) pidió este jueves 5 de octubre al gobierno de México atender las 73 recomendaciones que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas emitió al gobierno del país.
La organización pidió al gobierno, con base en las sugerencias de la ONU, realizar acciones concretas y eficaces que ayuden a resolver la crisis de desapariciones en el país, donde se desconoce el paradero de más de 115 mil personas.
En el informe, publicado el pasado 3 de octubre y difundido este jueves por el MNDM, el CED afirmó que en el país persiste “una situación generalizada de desapariciones” además de “la ausencia de política nacional de prevención y erradicación”.
Si bien, el CED destaca en el documento avances de las autoridades en esta materia, también resalta la falta de priorización en la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, lo que revela “una impunidad casi absoluta”.
Asimismo, el Comité expresó su preocupación por el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que no cumple con criterios del Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales.
En ese sentido, afirmó que el proceso se ha ejecutado por instancias “no competentes ni capacitadas en materia de búsqueda”, además de que carece de metodología clara y transparente y de mecanismo para la participación de los familiares de las personas desaparecidas, lo que genera actos de revictimización.

El informe también evidencia la crisis forense en México, además de la falta de coordinación para la identificación humana.
Por otro lado, destaca la vulnerabilidad de migrantes y el aumento de la desaparición de niñas y mujeres, por lo exhorta a la atención mediante un mecanismo efectivo.
Ante ello, el MNDM urgió al Estado mexicano a cumplir de manera efectiva con las recomendaciones del CED.
De la misma manera, subrayó la necesidad de transparentar la metodología utilizada para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, asegurar el proceso de selección del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para que cumpla con los estándares establecidos en la ley general.
También pidió prevenir actos de violencia, vigilancia, amenazas y represalias contra familiares de personas desaparecidas y garantizar la coordinación efectiva entre autoridades encargadas de la búsqueda e identificación.
Asimismo, urgió instaurar mecanismos de coordinación interinstitucional sistemática entre las instituciones responsables de la identificación de personas fallecidas y garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes.
Finalmente, exhortaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a cumplir las recomendaciones de coordinación institucional, atender la impunidad y judicialización de casos.
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