
Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el alto índice de desapariciones de personas en México se ha convertido en una tragedia nacional.
Así lo señaló este jueves durante la presentación del libro El carácter vinculante de las acciones urgentes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en México, donde hizo mención de la sentencia que dictó la Corte en la resolución del amparo 1077/2019, sobre la desaparición de Víctor Álvarez, en Veracruz, cuyo paradero hasta el día de hoy se desconoce.
El ministro resaltó que la Corte ha establecido la obligatoriedad de las acciones urgentes, y como consecuencia, la necesidad de que su cumplimiento sea supervisado por los jueces federales mexicanos.

En este sentido, reconoció que el reto para el máximo tribunal ahora es que los derechos surgidos de un fallo condenatorio en un ámbito internacional puedan ser reclamo en la jurisdicción nacional.
En su oportunidad, Perla Damián, integrante del colectivo Solecito Veracruz y madre del adolescente desaparecido mencionó que está de pie, de frente, luchando para acceder a la verdad y a la justicia “cuando andaba triste y tocando puertas, ustedes me las abrieron, sé que mi hijo no está solo y estamos luchando por encontrarlo, no sólo nosotras sino usted también”.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., señaló que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha emitido más de 550 acciones urgente sobre casos registrados en México, por lo que nuestro país se ha convertido en el segundo lugar con más denuncias de este tipo, después de Irak.

“Tenemos la esperanza de que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, asuman la obligación de cumplir esta decisión de la Suprema Corte porque si no, de poco serviría si las autoridades no asumen su obligación de cumplir las decisiones.”, expresó.
La desaparición forzada de personas en México mostró un incremento durante el primer trimestre del 2023, superando en 24 por ciento al mismo período del año anterior, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO).
La base de datos a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), integrada por la información que aportan las 32 fiscalías y procuradurías estatales, indicó que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023 se registraron dos mil 963 personas desaparecidas.

De acuerdo con la ONU, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado.
La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.
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