
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó a Tulum, Quintana Roo para supervisar el tramo 5 del Tren Maya en el que se construye el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto.
Este 20 de mayo López Obrador estuvo en el aeropuerto de Tulum a dos días de que se publicó decreto presidencial por el que esta y otras obras federales fueron declaradas de seguridad nacional e interés público.
“Estamos realizando por primera vez la evaluación del tramo 5 del Tren Maya en donde se construye el Aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto”, informó este sábado.
El mandatario nacional aseguró que se trata de “una nueva maravilla de la ingeniería civil-militar y del trabajo de los excepcionales obreros mexicanos”. Asimismo, reafirmó que el aeropuerto estará listo en diciembre de este año.

La visita de López Obrador ocurrió después de que el pasado 18 de abril se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum fueron clasificados de seguridad nacional e interés público.
En el decreto se argumenta que estas obras federales fueron clasificadas de esta forma debido a la naturaleza de sus instalaciones y su ubicación, al conectar el océano Pacífico, el golfo de México y la zona fronteriza con Guatemala y Belice.
Particularmente los aeropuertos “por su ubicación geográfica, resultan estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur, lo cual permite la detección e intercepción oportunas de aeronaves no identificadas que pudieran realizar actos ilícitos en contra de la seguridad nacional y la integridad territorial del país”, puntualizó el Ejecutivo Federal en el decreto.
Como antecedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo del 22 de noviembre de 2021, de contenido similar al decreto del 18 de mayo, en el que se ordenada a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal seguir las indicaciones en relación a los proyectos y obras del Gobierno de México consideradas como de seguridad nacional.

Por mayoría de votos el Máximo Tribunal determinó que el contenido el artículo 1 del acuerdo de 2021 es amplio y ambiguo por lo que permitía que la información relativa al Tren Maya y otras obras como reservada. Esto implicaba ampliar el supuesto de reserva establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante un acto administrativo, contraviniendo la Constitución.
Asimismo, la SCJN concluyó que el acuerdo impedía al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
El INAI presentó una queja ante la Corte Suprema, en la que acusa que el más reciente decreto presidencial también pone en riesgo el derecho de acceso a la información sobre el Tren Maya y demás de las obras federales contempladas, por su clasificación.

Particularmente argumentaron que el decreto presidencial es violatorio de la suspensión que el poder judicial otorgó en la controversia constitucional 217/2021, con motivo de que la “información derivada de esos proyectos y obras podría ser considerada también reservada por seguridad nacional e interés público”.
El decreto fue publicado en un contexto de críticas por parte de López Obrador tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al INAI. Este último dejó de sesionar por falta de quórum mínimo necesario debido a que la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) retrasó la selección de comisionados faltantes, además de que busca que sus funciones sean asumidas por la Auditoría Superior de la Federación.
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