“No contribuyen”: la crítica de la iniciativa privada por la compra de plantas a Iberdrola

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) se pronunció en torno a la compra de 13 plantas de Iberdrola anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de abril, con la advertencia de que ello conlleva implicaciones negativas en materia de política pública.

El Centro de Estudios precisó que aunque se mencionó que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se encuentra fuera del presupuesto, su forma de financiamiento sí hace uso de recursos públicos y, por ende, cuentan con usos alternativos.

Por ello, consideró que en lugar de destinar estos recursos a la compra de estas plantas a la empresa española, sería preferible que los 6 mil millones de dólares que se desembolsarán para estas “adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario” se destinen a inversión en líneas de transmisión y distribución, que son un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde su perspectiva, el primer punto negativo que este Centro de Estudios de la iniciativa privada vio en torno a la compra de estas plantas de generación de energía es que se trató de un acuerdo anunciado luego de una serie de ataques “sin ninguna prueba objetiva” en contra del propio presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán.

En este punto hay que recordar que al anunciar la compra de las plantas, el presidente López Obrador destacó que pese a las discrepancias, es gracias al diálogo que se logró un memorándum de entendimiento para la compra.

Sumó que los ataques hacia el empresario se dieron cuando en realidad lo que el país necesita es atraer la inversión, con la ventaja que significa la relocalización o nearshoring, la cual ha sido catalogada por la misma IP como “una oportunidad histórica”.

Al tratarse de 13 plantas generadoras de energía, el Centro de Estudios advirtió que su mantenimiento a futuro implicará altos costos “que serán difíciles de solventar”, sobre todo en un momento en que gobiernos enfrentan problemas de suficiencia para dar mantenimiento a la infraestructura.

Mientras que un tercer punto negativo es que la política pública que impulsa el gobierno federal debería estar concentrada en crear facilidades ante el nearshoring.

“Para incluir mayor valor agregado nacional en la producción y exportación de la inversión motivada por la relocalización hay que trabajar en varios frentes, entre ellos: mejorar ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmita y distribuye suficientemente a lo largo de todo el país”.

El Centro de Estudios Económicos ha sido un organismos privado crítico del gobierno del presidente López Obrador. En agosto del año pasado advirtió que este sería un “sexenio perdido” debido al gris panorama en materia de inversión y con un despegue en la inflación.

Este informe del CEESP generó molestia en el mandatario federal, quien respondió que la economía del país iba “muy bien”, y acusó que no se consideró el entorno internacional adverso como la pandemia de Covid-19 y la guerra en Rusia.

Frente a la transacción que el Presidente anunció la semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la compra de estas plantas de generación de energía no son una “nacionalización”, como lo dejó saber el mandatario.

Explicó que el hecho de que, pese a que la compra se realizará a través del Fonadin, es decir, con financiamiento público, la propiedad de las centrales legalmente y la gestión del fideicomiso será mayoritariamente privada, con lo que será ajena al gobierno federal y por tanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Fondo Nacional de Infraestructura es un fideicomiso que se creó en el año 2008 para la inversión en infraestructura, principalmente usado en materia de comunicaciones y transportes, pero también en cuestiones de tipo hidráulico y de medio ambiente. Este fideicomiso es gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP).

A su vez, MIP es gestionado por un funcionario del gobierno de Felipe Calderón. Se trata de Mario Gabriel Budebo, quien fue subsecretario de Hidrocarburos, en la Secretaría de Energía.