
Tras la desaparición del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) activó la Alerta 6 para que las autoridades de Colima y Michoacán realicen las investigaciones correspondientes, sin descartar ninguna línea de investigación y considerando su labor en la defensa de los derechos humanos.
Para ello, la Comisión solicitó realizar acciones de búsqueda y localización de forma colaborativa con la fiscal general de Michoacán; fiscal general de Colima, el secretario de Seguridad Pública en Michoacán, y secretario de Seguridad Pública del estado de Colima.
Sumado a ello la CNDH se comunicó con los representantes de las víctimas que están acompañando a los familiares, para recabar datos con los que puedan hacer el trámite correspondiente de incorporación en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF-E) y se garanticen sus derechos humanos.
“El derecho a conocer la verdad se encuentra establecido de manera implícita en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, señaló la Comisión.

La legislación también señala la obligación que tiene el Estado en la prevención, investigación, sanción y reparación las violaciones a los derechos humanos.
También en el marco de protección internacional sobre la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, se indica que el Estado está obligado en prevenir, procurar, investigar, sancionar y reparar el daño que se cometa contra personas defensoras de derechos humanos.
Qué se sabe sobre los activistas desaparecidos
Desde el pasado 15 de enero el abogado y activista Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, de la comunidad Náhuatl de San Miguel Aquila, desaparecieron.
Se presume que ambos habrían desaparecido luego de salir a un viaje, en el tramo carretero de Coahuayana-Michoacán y que el vehículo en el que viajaban habría aparecido con impactos de arma de fuego.

La esposa del abogado informó que tanto Ricardo como Antonio salieron de Coahuayana cerca de las 18:50 horas del 15 de enero en una camioneta blanca tipo pick up de la marca Honda.
Ambos acababan de asistir a una asamblea que se llevó a cabo en el auditorio comunal de Aquila, con dirección a Colima. El automóvil en el que iban fue visto por última vez en el puente de Coahuayana que se ubica entre la división de Michoacán y Colima.
Según la pareja de Ricardo, dijo que en la última vez que sostuvo comunicación con él le dijo que habían llegado a un supermercado de Coahuayana llamado Súper Gómez, aunque luego de eso perdió la comunicación y no supo nada más. Luego de que pasaron varias horas sin saber nada solicitó apoyo para encontrar a los activistas.
La tarde del 19 de enero, familiares y comunidades indígenas que eran apoyadas informaron que harán una solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso ya que no han visto acciones concretas por parte de las autoridades locales. Asimismo, algunos hicieron un plantón al exterior de Palacio Nacional para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los atienda y ayude para que sean localizados con vida.
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