La candidatura del abogado Matías Gabriel Álvarez para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF) llega al miércoles con un respaldo marcado: cerrado el período legal de observaciones, la postulación no recibió ninguna impugnación ni observación negativa. Por el contrario, el Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió 123 adhesiones provenientes de funcionarios y magistrados del ámbito judicial, colegios y organismos profesionales, expertos del sector académico y entidades dedicadas a la transparencia financiera, en lo que la propia cartera conducida por Juan Bautista Mahiques, quien postuló al candidato, calificó como una “participación ciudadana e institucional sin precedentes”.
La audiencia pública está convocada para este miércoles 22 de abril a las 10 horas en la sede del Ministerio de Justicia, Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad de Buenos Aires. El acto, previsto en el artículo 9° inciso e) de la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, tiene por objeto evaluar las observaciones a la propuesta de designación. Concluida la audiencia, el Ministerio deberá elaborar un informe final en un plazo máximo de siete días.
<b>El respaldo académico e institucional</b>
Entre las adhesiones recibidas se destacó la de Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y profesor titular regular de Criminología y director del posgrado Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El especialista avaló la candidatura en los términos del artículo 9° inciso f) de la Ley 25.246 y respaldó a Álvarez tanto desde su trayectoria profesional como desde su desempeño académico.
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En su adhesión, Marteau destacó el paso de Álvarez por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como evidencia de un funcionario “serio, apegado al derecho y, lo que es muy importante, comprometido con los resultados que demanda el ejercicio de sus competencias”. Desde FININT sostuvo además que el narcotráfico constituye “la principal y más grave amenaza que enfrenta la Argentina, generando significativos fondos ilícitos con capacidad de impactar negativamente en la vida institucional del país” y que contar con un presidente de la UIF especializado en la represión de ese tipo de actividades ilícitas “constituye a priori un acierto destacable”.
<b>El perfil del candidato</b>
Álvarez se desempeñaba, hasta el momento de su postulación, como fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar organizaciones vinculadas al narcotráfico y las estructuras criminales asociadas. Su trayectoria en el organismo comenzó en 2015 como secretario de fiscalía; entre 2019 y 2023 trabajó como auxiliar fiscal y continuó luego en PROCUNAR, participando en investigaciones centradas en redes criminales y en los circuitos financieros utilizados para canalizar ganancias ilícitas. Antes de incorporarse al Ministerio Público, integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12.
Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA con Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal, y cursa actualmente una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes. En el plano académico es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, donde participa desde 2017. En 2021 integró el grupo de expertos que redactó la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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La propuesta de su designación fue impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en el marco de una reorganización más amplia de los organismos bajo su órbita, tras asumir el cargo en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La UIF fue creada en el año 2000 y funciona con autonomía y autarquía financiera en el ámbito del Ministerio de Justicia. Es la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos -preferentemente proveniente del narcotráfico, el contrabando, la asociación ilícita, el fraude contra la administración pública y los delitos de corrupción, entre otros- así como la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la redacción vigente del artículo 6° de la ley, sustituido por la Ley 27.739 en marzo de 2024.