
Alberto Fernández tuvo otra buena noticia en los tribunales. La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a un planteo de sus abogados y ordenó que la causa por violencia de género que inició Fabiola Yañez pase de Comodoro Py a la justicia porteña, donde tramita otro expediente que abrió el ex presidente por presuntas amenazas y obstrucción de contacto con Francisco, el hijo que comparte con la ex primera dama.
El juez federal Daniel Rafecas, actualmente a cargo de la causa, también deberá opinar sobre el conflicto de competencia con la justicia de la CABA. Al tratarse de una discusión entre fueros de distintas jurisdicciones, el tema deberá ser resuelto por el máximo tribunal.
El caso de violencia de género se desarrolló íntegramente en los tribunales federales y está listo para ser elevado a juicio. Justo antes de eso, la Cámara Federal de Casación Penal apartó al juez Julián Ercolini de la causa por temor de parcialidad y, en consecuencia, el exmandatario pidió la nulidad de todo lo actuado.
A esto se sumó un nuevo obstáculo antes del debate oral y público: la disputa por la competencia. Tanto Ercolini como la Cámara Federal porteña ya habían rechazado declinar su intervención en el caso, por lo que la discusión podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
En un fallo firmado por los jueces Jorge Franza y Luisa María Escrich, con el voto en disidencia de Elizabeth Marum, la justicia de la CABA determinó que a Alberto Fernández se lo acusa “en su mayoría” por delitos “ya transferidos a la órbita del fuero local”.
El ex jefe de Estado está procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.
Además, la resolución de la Cámara de Casación y Apelaciones porteña destacó que hay una “conflictiva intrafamiliar” que llegó a los tribunales y cuya resolución es “más propicia dentro de un único fuero de intervención, siendo este el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La jueza Escrich, en su voto, entendió además que los hechos por los que Fernández está procesado no se encuentran vinculados a su desempeño como presidente de la Nación. Si así fuera, no se admitiría discusión sobre la competencia del fuero federal.
En adhesión, el camarista Jorge Franza agregó que “la situación del niño Francisco se encuentra en una posición más vulnerable que el proceso en trámite ante la Justicia Federal”, ya que “se trata de un niño de escasa edad, donde su protección y debida tutela judicial efectiva debe prevalecer ante cualquier otro proceso donde no fuese un niño una posible víctima”.
Otro nudo para la causa
La decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de apartar a Ercolini generó una suerte de cuello de botella en la causa. Por sorteo, el expediente lo recibió el juez Daniel Rafecas, quien por ahora evitó avanzar con el caso hasta que la recusación de su par del Juzgado Federal N° 10 sea ratificada.
El apartamiento de Ercolini fue apelado por Marcelo D’Alessandro, ahora ex abogado de Fabiola Yañez. La denunciante cambió de representantes y designó a Marcela De Leonardis, quien estaría trabajando en la posibilidad de llegar a un acuerdo con el expresidente.
Así, el cambio de juez en la causa por violencia de género quedó pausado. Todavía está pendiente de resolución en la Casación Federal si se concede el recurso extraordinario que presentó Yañez, algo que eventualmente también podría discutirse en la Corte Suprema.
Recién cuando eso se destrabe, Rafecas quedaría en lugar de definir el planteo de nulidad que presentó la defensa de Alberto Fernández en su Juzgado.

Con un extenso escrito de 187 páginas, el expresidente pidió investigar desde cero toda la causa, al entender que la instruyó un juez parcial. Ercolini fue corrido del expediente luego de que la Cámara Federal de Casación considerara que existió un vínculo personal con Fernández, primero como amigos y ahora enemistados, de acuerdo a lo que había planteado el expresidente.
En el mismo fallo, la Sala II de esa Cámara se adelantó a la controversia que ahora plantea la defensa de Fernández y dijo que, si bien Ercolini debía ser separado por temor de parcialidad, esto debía ocurrir “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
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