El 26 de mayo del año pasado, el presidente Alberto Fernández transfirió $3 millones desde su cuenta del Banco Santander hacia una cuenta a nombre del Instituto Malbrán. Pensó que el escándalo, al menos el judicial, se había terminado, pero a partir de ese momento la causa judicial por la Fiesta en Olivos se estancó por una serie de planteos judiciales. El Presidente y la primera dama todavía no fueron sobreseídos. “Por motivos misteriosos el sobreseimiento todavía no salió”, dijo el abogado de Fabiola Yañez, Juan Pablo Fioribello.
El juez Lino Mirabelli decidió esperar a que se resuelvan algunos planteos ante la Corte Suprema. Uno de esos lo hizo el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, en representación de los padres de Solange Musse, que quieren ser aceptados como querellantes. “Estamos esperando la respuesta a un recurso de queja para que se defina la situación procesal de la familia Musse. No tienen plazos para resolver, pueden tomarse un día como diez años”, advirtió Sarubbi Benítez ante una consulta de Infobae. Y agregó: “Si son aceptados como querellantes, vamos a poder opinar y oponernos a ciertas medidas como la reparación económica. Caso contrario vamos a buscar otras opciones para que Alberto Fernández no quede impune”.
A tres años de la Fiesta en Olivos, la causa casi no tiene movimientos. El Presidente no quiere abandonar la Casa Rosada sin el sobreseimiento, pero en la intimidad conoce los tiempos judiciales, mucho más en un año electoral.
“Lo que pasa es que es un año electoral y lamentablemente nuestra justicia es muy permeable a todo eso. En otras causas por la misma falta, los sobreseimientos han salido en forma inmediata. En este caso pareciera como que existiera una mano negra que pide que esto no se termine más, y se siga dilatando en el tiempo”, opinó Fioribello.
La estrategia defensiva del Presidente fue cambiando desde el comienzo del escándalo: arrancó representándose a sí mismo y presentando un pedido de “falta de acción”, pero en diciembre de 2021 designó a dos abogados de su confianza y se alineó con el resto de las defensas.
En mayo de 2022, aunque no estaba convencido de la reparación prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, el Presidente hizo dos transferencias por $1,6 millón y $1,4 millón. De esa manera logró evitar su indagatoria y la de su mujer. Como Yañez no cobra un sueldo, el Presidente se tuvo que hacer cargo del monto total de la reparación.
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El monto ya lo había dispuesto el fiscal Fernando Domínguez. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en modulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, sostuvo en su momento.
Realizada la transferencia, el sobreseimiento parecía una formalidad, pero nunca se concretó.
Del resto de los imputados, la única que logró cerrar la causa fue Carolina Marafioti, la estilista de Fabiola Yañez, que donó $200 mil y terminó sobreseída en marzo del año pasado. Su abogado, Alejandro Rúa, se adelantó y logró el cierre prematuro.
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También ofrecieron reparaciones Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso, representados por Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo, los mismos abogados de Fabiola Yañez, y finalmente el colorista Federico Abraham, defendido por Pablo Slonimsqui y María Ester Ballestero.
En una segunda tanda se sumaron Stefanía Dominguez, Sofía Pacchi, Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh. Todas estuvieron presentes en el festejo del 14 de julio de 2022.
La definición del Olivos Gate se sigue demorando por los recursos pendientes. “Arribamos a acuerdos satisfactorios con el fiscal para todos mis defendidos sin excepción. Estos acuerdos a su vez fueron aprobados y homologados por el juez. Es realmente algo difícil de entender ya sea desde el sentido común, y más aún desde el jurídico, por qué aún no han salido en forma inmediata los sobreseimientos en esta causa”, se quejó Fioribello.
“Todavía no han adquirido firmeza las decisiones mediante las cuales se rechazaron las solicitudes de diferentes personas de ser tenidas por parte querellante en el sumario”, respondió el juez Mirabelli hace unos meses cuando el abogado Fernando Burlando pidió el sobreseimiento de sus clientas.
En ese momento, además del pedido de la familia Musse, había un recurso de queja presentado por el abogado Fernando Irazu, en representación de la Asociación Civil Acción Republicana para la Justicia, y un recurso extraordinario federal presentado por Paulo Gustavo Vitaver, con la representación de Juan Pablo Pane.
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