“Escalada de violencia”: ratificaron las medidas contra un juez federal por maltrato y violencia a sus empleados

La Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó que el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, en La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, no puede estar en contacto con sus colegas y los secretarios y empleados del tribunal para evitar “que se produzca una escalada de violencia” en la situación que denunciaron por amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones por parte del magistrado.

Así, se mantiene la prohibición del juez de tomar contacto con el resto de los integrantes del tribunal por cualquier medio, inclusive personal, lo que implica una prohibición de acercamiento de 50 metros. Eso significa que no puede ingresar a la sede del tribunal. La Cámara sí estableció que Díaz Lacava puede ir por las tardes, fuera del horario judicial y cuando no estén los empleados y funcionarios en el lugar.

La causa penal se inició a mediados del mes pasado cuando los secretarios del tribunal oral Jorge Ignacio Rodríguez Berdier, Ricardo Javier Sequeira y Alina Laura Trento y los otros dos jueces, Marcos Aguerrido y José Tripputi, presentaron una denuncian penal. Allí relataron las situaciones de violencia y maltrato que el personal sufrió y que obligó a algunas empleadas a tomarse licencia psiquiátrica.

El expediente quedó a cargo del juez federal de Santa Rosa Juan José Baric que dispuso como medidas cautelares la prohibición de acercamiento de Díaz Lacava a 300 metros “de la nómina total de personal” del tribunal oral en cualquier lugar y “establecer cualquier tipo de comunicación”, ya sea telefónica, por correo electrónico o redes sociales.

“La situación traída a estudio es singular, realmente delicada y preocupante. Los hechos que se le imputan prima facie, resultan ser sumamente graves, y va de suyo que perjudican el normal y buen funcionamiento de la dependencia judicial”, dijo el magistrado.

El caso generaba una situación inédita y grave. Porque Díaz Lacava sin empleados ni funcionarios con quienes interactuar no podía ejercer su rol. La Cámara Federal de Casación nombró un secretario exterior al tribunal para que trabaje con el juez y sea su nexo con tribunal. Así, el magistrado puede seguir tramitando sus causas. Pero por la prohibición de contacto se suspendieron los juicios orales colegiados y solo se hacen los unipersonales.

Díaz Lacava -que es juez desde fines de 2012- apeló el fallo. Negó las acusaciones, criticó que las restricciones le impiden el normal desarrollo de su función y que se le aplicó una suerte de suspensión cuando esa potestad es solo del Consejo de la Magistratura. También calificó de “confinamiento domiciliario” la prohibición de acercamiento de 300 metros en una ciudad como Santa Rosa en la que se puede cruzar a cualquier integrante del tribunal.

Los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca Pablo Candisano Mera, Silvia Fariña y Pablo Larriera ratificaron las prohibiciones. Los magistrados, en su resolución a la que accedió Infobae, señalaron que la denuncia y los informes de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación que se hicieron en la causa “resultan datos que aportan una especial seriedad y verosimilitud a la acusación”.

Los camaristas hablaron de “la necesidad de una rápida y eficaz intervención, pues el riesgo de que se produzca una escalada de violencia en la situación informada, también involucra en el caso particular el riesgo de reacción frente a la reiteración de las conductas denunciadas”. Y agregaron que “el particular clima de apasionamiento que se expuso en la denuncia se revela incompatible con la mesura y el buen orden que debe imperar en un tribunal de justicia”.

La Cámara mantuvo las restricciones de acercamiento pero tomó dos medidas. Una fue reducir de 300 a 50 metros la prohibición de acercamiento y permitirle a Díaz Lacava ingresar al tribunal oral. Para eso dispuso que el resto de los jueces del tribunal coordinen un horario por la tarde y cuando ya no haya empleados y funcionarios. “La medida urgente de protección a las víctimas dispuesta, en modo alguno suspende o impide la función judicial del juez denunciado pues cuenta con la posibilidad de actuación remota conectándose al sistema a través de la VPN del Poder Judicial de la Nación, un fedatario que certifica la misma y el acceso en horario diferencia a su despacho”, completaron los camaristas.

Por otra parte, la fiscal federal Iara Silvestre secuestró del tribunal una notebook que estaba en el despacho de Díaz Lacava. El juez había enviado una nota al tribunal con el pedido de que nadie ingrese a su despacho. El juez Baric dispuso una orden de registro y la fiscal se llevó la computadora para ser periciada.

En ese punto de la investigación se busca determinar la acusación de abuso de poder. La notebook fue entregada por el Consejo de la Magistratura y el juez dispuso que la use una empleada de su vocalía que estaba de licencia y no la relatora que trabajaba en su tribunal.

En la causa declararon la mayoría de los empleados y funcionarios del tribunal que ratificaron las acusaciones y para mediados de junio fueron citados a un examen psicológico en el Cuerpo Médico Forense.

En la denuncia los empleados y funcionarios relataron distintas situaciones de violencia como “gritos, actos de agresión verbal directa, portazos, patadas y golpes al mobiliario; incesantes interrogatorios en su despacho, amenazas de sumarios y sanciones con el fin de amedrentarnos”.

En paralelo al expediente penal se inició otro por mal desempeño de sus funciones en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. La causa está a cargo del diputado del PRO Álvaro González. Allí se analizará la conducta de Díaz Lacava y podría ser suspendido como juez y enviado a juicio político. Pero a su vez, Díaz Lacava denunció en el Consejo a Baric, quien lo investiga, por las medidas de restricción que le impuso. Ese expediente lo tramita la diputada radical Roxana Reyes.

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