Una jueza reclamó investigar por qué no andaban las cámaras de seguridad cuando se manipularon declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura

La jueza Alejandra Provítola, una de las integrantes del Consejo de la Magistratura, reclamó profundizar la investigación interna sobre cómo se abrieron sobres o desaparecieron los documentos de cientos de declaraciones juradas de magistrados y funcionarios. Si bien hay una causa judicial que lleva adelante el fiscal Ramiro González y el juez Daniel Rafecas, la consejera promueve avanzar con una serie de diligencias que clarifiquen la situación: investigar las cámaras y las computadoras del área.

Según la presentación a la que accedió Infobae, Provítola exigió esclarecer “las circunstancias que rodearon las fallas de cada una de las cámaras de videograbación existentes en el edificio entre los días 17 y 22 de junio de 2022″, el fin de semana largo previo que se descubrieran las irregularidades y se ordenara una auditoría e intervención en el área del organismo.

Puntualmente exigió saber “el detalle de las causas, el origen de la falla y cuándo se detectó” que no funcionaba las cámaras de seguridad. Pero además la magistrada promovió llevar adelante “un relevamiento que se hubiera realizado sobre cada una de las computadoras instaladas en la oficina y sus respectivos detalles, registros y movimientos”.

Se trata de una presentación por escrito que hizo después del Plenario que tuvo lugar el miércoles. Allí se resolvió crear una comisión para seguir el escándalo por las declaraciones juradas, a propuesta del consejero y representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, según dijo en el recinto el juez de Casación Diego Barroetaveña. Es que una auditoría, revelada por este medio, determinó que se manipularon 55 anexos reservados y 277 anexos públicos de sobres con información de jueces y funcionarios, y que faltaban otras 82 declaraciones.

Provítola, sin embargo, planteó durante el Plenario que había aún una serie de cuestiones a profundizar porque la auditoría no daba respuesta a todos los interrogantes. Y sobre todo porque, a nivel administrativo, se daba por sentado que no hubo animosidad en lo ocurrido, cuando aún hay una causa penal en trámite.

“Es cierto que si bien la Auditoria considero que `no existía conducta dolosa que investigar’, lo cierto es que ello no solo no encuentra suficiente explicación ni respaldo en el informe ni en las menciones que allí realiza sino tampoco, y como fundamental, procede la adopción de tal criterio cuando aún se encuentra en tramite la investigación penal incoada por tales sucesos”, sostuvo la jueza en el escrito al que accedió Infobae.

La consejera pidió que se amplié “la testimonial de quienes detentaron funciones en esa oficina al momento del inicio de la intervención” y adjuntar todas las imágenes recolectadas para el informe, e interrogar “al personal que prestaba funciones en las oficinas de otras áreas linderas” a donde funcionaba el sector en donde se guardaban esos documentos, y también a los que estaban en el cuarto subsuelo, hasta donde habían sido trasladados algunos sobres.

Además pidió conocer si hubo croquis o planos tanto del octavo piso como del cuarto subsuelo, “con detalle de qué otras bauleras o ‘jaulas’ allí se emplazaban, y saber quiénes eran las personas que tenían llaves a esos espacios”. Y agregó el reclamo para investigar por qué no funcionaba las cámaras ese fin de semana y por qué.

Todo se descubrió el 21 de junio del 2022, luego de un fin de semana largo que detectó que se habían abierto sin justificación 33 sobres y que ahora se confirmó que fueron muchas mas. Ese día, la entonces responsable de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Cuerpo, María Victoria Pérez Bayonzo, informó que al llegar a su trabajo “la agente María Victoria Villarreal observó que la puerta de ingreso a la cocina, que limita con el hall central del piso, se encontraba abierta, sin llave y arrimada, pese a que había sido dejada cerrada el jueves 16 de junio –día hábil laboral anterior- y que las únicas personas con llave de acceso son personal de la oficina”.

La mujer también vio que “la puerta de acceso de la cocina hacia el despacho de la secretaria de la oficina presentaba la cerradura ubicada en el medio de la puerta trabada; en tanto que la cerradura superior contaba con una sola vuelta, cuando normalmente lleva dos”. En su despacho, el escritorio no se encontraba en las condiciones en que lo había dejado el jueves anterior. A simple vista no pudo constatar si hubo objetos removidos o faltantes.

De inmediato se ordenó una auditoría, la intervención del área y el reenvío de todo el material a otro edificio, en donde personal de la guardia registra por cámaras cada ingreso y a las oficinas se accede a través de un sistema de datos biométricos instalado al lado de la puerta que da acceso a la sala específica de archivo.

Pero la auditoría, revelada por Infobae hace diez días, reportó que no fueron solo 33 las declaraciones juradas de manipuladas, sino que el número era aún mas alto: más de 300 sobres abiertos sin justificación, entre ellos 55 que contenían información reservada; el faltante de 82 sobres con declaraciones juradas y una caja bajo el nombre “jueces” en donde se guardaban los datos de los principales protagonistas de Comodoro Py 2002 sin ninguna explicación.

Lo que la auditoría estableció es que la mayoría de los sobres que aparecen abiertos sin justificación son del 2019 y hay algunos del 2020 y 2021. Y en ese contexto dejó entrever que todo ocurrió antes del 2022, justo cuando un fallo de la Corte Suprema hacía caer la estructura de 13 miembros en el organismo y, a la espera de una ley, ponía en vigencia un cuerpo de 20 integrantes. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque las 200 presentaciones del 2022 no habían sido manipuladas. No obstante, el hecho se descubrió en junio de ese año, ante la denuncia de la empleada que reportó cómo encontró el área.

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El escenario es altamente sensible porque en los tribunales creen que esos datos pudieron servir para hackear celulares de magistrados, según lo dejó planteado el fiscal Ramiro González. “Obsérvese que han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión”, escribió. Por ello, en los próximos días, González le tomará declaración testimonial a los encargados de llevar adelante la auditoría para profundizar los pasos a seguir.

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