Honduras recibe dos nuevas solicitudes de extradición en inicio del mandato de Nasry Asfura

Estas peticiones, canalizadas bajo un renovado marco legal, exigen el tratamiento inmediato de parte del más alto órgano judicial hondureño y confirman el resurgimiento del trámite de extradiciones tras un periodo de suspensión.

En la última semana, fuentes del Poder Judicial confirmaron el ingreso consecutivo de requerimientos formales, situación que ha generado una agenda extraordinaria para el Pleno de Magistrados y ha obligado a reiterar las convocatorias de emergencia.

El nuevo ritmo responde a la obligación legal de revisar con celeridad cada expediente, designar al juez natural que evaluará la procedencia del caso y adoptar resoluciones administrativas, tal como consta en las actas oficiales que registran cada sesión.

La más reciente petición oficial, cuya existencia fue confirmada por fuentes judiciales, será revisada en una sesión extraordinaria convocada para las 14:00 de este martes.

El procedimiento requiere que el Pleno de Magistrados verifique el cumplimiento de los requisitos formales y designe al juez natural encargado.

Hasta que este nombramiento ocurra, la identidad de la persona solicitada, los delitos imputados y la corte estadounidense demandante permanecen en estricta reserva, conforme dicta la normativa vigente. Estos detalles solo podrán hacerse públicos una vez superada la fase preliminar y, si corresponde, tras la solicitud formal de una orden de captura.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, puntualizó en comunicaciones previas la rigurosidad del procedimiento: “El protocolo en materia de extradición establece que el Pleno de Magistrados debe designar a un magistrado responsable de conocer el expediente. Una vez asignado el caso, el juez natural procede a analizar la solicitud y la documentación adjunta enviada por las autoridades requirentes”.

De acuerdo con Duarte, “si se determina que la petición cumple con los requisitos legales, el juez puede solicitar la orden de captura inmediata ante las instancias competentes”. Estas declaraciones del funcionario han sido recogidas por fuentes del mismo organismo judicial.

Como parte de este mecanismo, el proceso judicial avanza por etapas secuenciales estrictamente delimitadas. Emitida la orden de captura, la persona requerida accede a su derecho de defensa, puede presentar recursos y participar en las respectivas audiencias.

La definición sobre la procedencia o no de la extradición recae finalmente sobre el Pleno de la Corte Suprema, órgano que resuelve en última instancia.

Este resurgimiento de procedimientos coincide con la voluntad política del actual Congreso Nacional, que impulsó la reactivación del tratado suspendido durante la gestión de la ex presidenta Xiomara Castro en 2024.

Tras una denuncia oficial que dejó sin efecto temporalmente el acuerdo y paralizó nuevas solicitudes, el Legislativo justificó la aprobación de su continuidad argumentando la necesidad de “blindar” la cooperación judicial internacional y consolidar la extradición como una herramienta permanente del Estado hondureño.

La primera extradición procesada bajo este renovado marco legal fue conocida por el Pleno de Magistrados a finales de enero, remitida por la Corte del Distrito Este de Texas y vinculada a delitos de narcotráfico por conspiración para la fabricación y distribución de sustancias controladas.

Desde entonces, el Poder Judicial anticipó un incremento en el intercambio de solicitudes debido a investigaciones estadounidenses rezagadas por la anterior suspensión del tratado.

Las autoridades hondureñas han reiterado que cada solicitud se tramita “conforme a la legislación nacional y a los acuerdos bilaterales vigentes”, garantizando el debido proceso y los derechos de la persona requerida, independientemente de la naturaleza de los delitos o el origen de la petición.

El Estado hondureño reafirma así sus compromisos de cooperación internacional frente al crimen organizado y el narcotráfico, canalizando cada requerimiento a través de un procedimiento judicial que involucra tanto al Poder Judicial como a otras instituciones estatales.

El actual flujo de peticiones mantiene al máximo órgano judicial del país en una agenda extraordinaria. Hasta que el Pleno de Magistrados adopte las resoluciones iniciales y designe al juez natural, los expedientes en trámite permanecen en su fase preliminar. Solo luego se podría conocer más información, en estricto apego a lo que disponga el marco legal.