El seguro obligatorio para víctimas de accidentes viales en Guatemala sigue suspendido desde hace un año, en un contexto donde los siniestros de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte en el país y el Estado no ofrece una alternativa pública o privada de protección.
La medida adoptada durante la administración de Bernardo Arévalo provocó la eliminación del respaldo económico para lesionados y para las familias de fallecidos, lo que aumentó la presión sobre el gobierno para crear un nuevo marco legal que cubra los daños por la alta siniestralidad.
Organizaciones sociales y la Corte de Constitucionalidad han remarcado la urgencia de recuperar este mecanismo de compensación, según informó la prensa local.
En los últimos doce meses, más de 800 mil personas sufrieron lesiones o fallecieron en accidentes viales sin acceso a las indemnizaciones previstas por la ley, de acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y los hospitales nacionales. Esta magnitud posiciona a Guatemala como el único país de la región donde los accidentes de tráfico son la principal causa de deceso, un rasgo advertido por la Alianza Guatemalteca por Guatemala.
La desaparición del seguro obligatorio generó un vacío de protección social que afecta la capacidad de las familias para costear gastos médicos, funerarios y para enfrentar la pérdida de ingresos.
Desde la supresión del respaldo legal, las víctimas de accidentes viales no cuentan con redes de ayuda financiera, pues tampoco existen coberturas privadas activas en el país para estos casos, según constataron medios locales.
Demandas sociales tras la suspensión del seguro obligatorio
La Alianza Guatemalteca por Guatemala, compuesta por más de 450 organizaciones —entre ellas colectivos campesinos, asociaciones de mujeres, sindicatos de transportistas y autoridades ancestrales—, propuso la puesta en vigor inmediata del reglamento Guate para Guate.
César Bol, vocero de la Alianza, explicó a la prensa que esta normativa cumple con los requisitos técnicos, legales y sociales del artículo 29 de la Ley de Tránsito y posibilitaría restablecer el seguro para las víctimas de accidentes, una demanda recurrente de los sectores afectados.
El modelo financiero planteado contempla un aporte de 5 centavos por pasajero, suficiente para cubrir compensaciones de entre Q4.000 y Q200.000 por víctima sin que se incrementen los precios del pasaje ni se perjudique la canasta básica, según la propuesta divulgada por la Alianza. La responsabilidad de entregar las compensaciones recaería en las aseguradoras, de acuerdo con el marco legal vigente en Guatemala.
Integrantes de la Alianza reiteraron que la restauración del seguro “no representa una carga económica para las familias” y negaron que deba motivar aumentos en el precio del transporte público. Bol argumentó que “el carácter urgente de la restitución se respalda en el crecimiento de las víctimas y la insuficiencia de recursos médicos y asistenciales para responder a las consecuencias de los accidentes viales".
La Corte de Constitucionalidad reafirmó la existencia de un mandato legal que obliga al Estado a reinstalar el seguro para accidentados, señalando la responsabilidad estatal ante el aumento de víctimas y las demandas de colectivos sociales. Bol aclaró que existe “mucha desinformación” sobre el carácter obligatorio y el alcance real del seguro. Además, anunció que la Alianza convocará una conferencia de prensa con representantes de distintos sectores para explicar que la obligatoriedad del seguro está respaldada tanto por la ley como por la resolución de la Corte.
Negociaciones en la agenda oficial, pero sin plazos definidos
Ante consultas de periodistas, Bernardo Arévalo admitió que persiste la discusión sobre el tema: “Sobre el tema del seguro, hay una mesa que ha venido trabajando para alcanzar un acuerdo sobre los términos en que se va a implantar el seguro, de manera que tenga una cobertura. Ha habido todo un proceso de negociación que todavía está terminando, así que va en marcha”.
Aunque el gobierno reconoció la necesidad de resolver el vacío de protección, la administración de Arévalo aún no determinó plazos para oficializar el restablecimiento del beneficio. La situación sigue siendo grave para los 18 millones de habitantes que dependen de la reactivación del seguro obligatorio en medio de una crisis vial sin contención.
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