La reciente decisión del presidente Donald Trump de desplegar más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, tras las protestas por redadas migratorias, ha traído de vuelta imágenes de calles cerradas, gases lacrimógenos y vehículos ardiendo.
Sin embargo, a diferencia de los disturbios que siguieron al veredicto del caso Rodney King en 1992, los eventos actuales, aunque tensos, han sido en su mayoría pacíficos y contenidos.
Las protestas, que comenzaron el viernes en respuesta a operativos de Immigration and Customs Enforcement (ICE), han sido principalmente concentradas en un tramo de cinco cuadras del centro de la ciudad. Según las autoridades, no se han reportado muertes, y aunque ha habido algunos actos de vandalismo y quema de automóviles, no se han destruido edificios ni viviendas.
Un despliegue que genera debate legal
La movilización de tropas federales fue ordenada bajo una disposición legal que permite actuar ante un “peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”.
Mientras Trump sostuvo que la medida busca preservar el orden público, tanto el gobernador Gavin Newsom como la alcaldesa Karen Bass expresaron su desacuerdo, afirmando que no solicitaron la intervención militar.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda alegando que el mandatario excedió sus atribuciones, mientras que el gobernador presentó una moción de emergencia ante un tribunal federal para impedir que los militares participen en los operativos de inmigración. El proceso judicial sigue en curso.
Más de 100 arrestos y municiones no letales
De acuerdo con las autoridades, en los últimos días se han registrado más de 100 arrestos, en su mayoría por no acatar órdenes de dispersión. Algunos casos incluyeron cargos por asalto con arma mortal, intento de homicidio —tras el lanzamiento de un cóctel molotov— y saqueos.
La policía de Los Ángeles ha utilizado más de 600 proyectiles no letales, incluidas balas de goma, para dispersar a los manifestantes. Algunos periodistas y civiles han resultado heridos, al igual que varios agentes, aunque en todos los casos las lesiones fueron menores.
Lecciones de 1992: una comparación inevitable
El recuerdo de los disturbios de 1992 está aún fresco en la memoria de muchos angelinos. Aquel episodio, tras la absolución de los policías que golpearon a Rodney King, desencadenó una semana de violencia en la que murieron más de 60 personas, miles de negocios fueron saqueados y barrios como South Los Angeles y Koreatown quedaron devastados por el fuego.
En ese entonces, el despliegue militar también fue autorizado, pero tras la petición del entonces alcalde Tom Bradley y el gobernador Pete Wilson. La magnitud del caos sorprendió incluso al propio Departamento de Policía, y las tensiones raciales jugaron un papel central, especialmente entre residentes afroamericanos y comerciantes coreanos.
Las manifestaciones actuales no han alcanzado ese nivel de confrontación. Aunque persisten reclamos por la política migratoria federal, la respuesta ciudadana se ha centrado en protestas organizadas y actos simbólicos, más que en enfrentamientos masivos.
Los Ángeles, una ciudad de casi cuatro millones de habitantes, ha experimentado una transformación en sus estructuras institucionales y de seguridad desde 1992. La gestión de crisis y los canales de diálogo con organizaciones civiles han evolucionado, lo que podría explicar en parte la menor escala de violencia observada en esta ocasión.
Por ahora, el foco está puesto en los tribunales, donde se debatirá si la presencia militar en las calles se ajusta al marco legal vigente. Mientras tanto, líderes comunitarios y defensores de derechos civiles insisten en que las medidas deben priorizar la protección de la población y evitar una escalada innecesaria.
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