Crece la polémica por la eutanasia de un niño de casi dos años en Países Bajos: qué exige la norma y por qué el caso divide a médicos y políticos

La eutanasia de un niño de casi dos años en Países Bajos realizada a fines de 2025 sigue generando controversia. Es la primera aplicada a un menor de entre uno y 12 años desde que el país amplió su régimen en 2024. El comité independiente que revisó el caso avaló la actuación del médico, pero su dictamen reveló que los especialistas consultados no coincidieron. Según informó NL Times, el expediente está ahora en manos de la Fiscalía, que debe determinar si se cumplió la ley.

El caso se conoció en junio, cuando la ministra de Salud, Sophie Hermans, informó al Parlamento de la primera notificación de este tipo. En ese momento no se difundieron la edad del niño ni su diagnóstico. Esos detalles se conocieron el 9 de septiembre, con la publicación del dictamen del Comité de Revisión de Interrupciones Tardías del Embarazo y Terminación de la Vida de Recién Nacidos y Niños.

El comité concluyó que el médico actuó con el debido cuidado y remitió su valoración al Ministerio Público. La Fiscalía debe otorgar un peso considerable a ese dictamen, pero la decisión sobre una eventual actuación penal le corresponde a ella, y hasta ahora no ha trascendido ninguna resolución.

Según el dictamen del comité, reseña NL Times, el menor nació de forma prematura, a las 26 semanas y tres días de gestación, durante unas vacaciones de sus padres en el extranjero, y sufría daños neurológicos graves. La discusión se centra en la divergencia entre las consultas externas. Un primer grupo de médicos independientes concluyó que el sufrimiento no era continuo y que había alternativas razonables, mientras que una segunda consulta sostuvo lo contrario.

El comité señaló además que la regulación para este grupo de edad todavía no incluye requisitos de cuidado propios, por lo que aplicó los fijados para recién nacidos y los aprobados en 2024 por la Sociedad Neerlandesa de Pediatría.

A diferencia de la eutanasia regulada para adultos y adolescentes capaces de expresar una petición, este procedimiento no parte de una solicitud del paciente. La normativa contempla que los padres y el médico tomen la decisión cuando se cumplan condiciones médicas estrictas.

El informe médico consignó daños neurológicos y otras complicaciones

El dictamen oficial indica que el niño sufrió varias complicaciones luego de su nacimiento prematuro, incluidas infecciones que derivaron en sepsis. Una resonancia posterior mostró daños cerebrales extensos, con afectación de la sustancia blanca y de la corteza occipital. El cuadro provocó parálisis cerebral espástica y una discapacidad visual de origen cerebral.

A los ocho meses recibió el diagnóstico de síndrome de espasmos epilépticos infantiles, una forma de epilepsia de difícil control. Las crisis continuaron pese a los tratamientos anticonvulsivos y algunos medicamentos causaron agitación, llanto inconsolable y alteraciones graves del sueño. Según el comité, los episodios se repetían varias veces al día y se acompañaban de malestar, rigidez corporal y falta de aire.

El menor también presentaba dificultades para tragar y para expulsar las secreciones de las vías respiratorias. Esa condición elevaba el riesgo de infecciones pulmonares y de aspiración de alimentos hacia los pulmones. A punto de cumplir dos años, su desarrollo equivalía, de acuerdo con las estimaciones médicas, al de un bebé de seis semanas. La comunicación posible era mínima y el pronóstico señalaba dependencia completa para las actividades cotidianas.

El comité sostuvo que el sufrimiento no se vinculaba únicamente con la epilepsia. Consideró la combinación de daño cerebral, limitaciones motoras y visuales, trastornos del sueño y problemas respiratorios al evaluar el estado clínico del niño.

Dos evaluaciones externas analizaron las alternativas disponibles

El equipo médico que atendía al niño coincidió en el diagnóstico, el pronóstico y la decisión de terminar su vida. El médico responsable, además, pidió una evaluación a profesionales independientes ajenos a su región. Ese primer grupo coincidió en que no había una expectativa clínica de recuperación, aunque afirmó que el sufrimiento no era continuo y propuso opciones paliativas y ajustes de medicación para controlar las crisis.

El profesional siguió la recomendación farmacológica, pero suspendió el tratamiento ante el aumento de los efectos adversos. Según el informe del comité, el médico conversó en varias ocasiones con los padres sobre opciones paliativas, pero ellos rechazaron una sedación prolongada que habría llevado a la muerte del niño por falta de líquidos y alimentación. Consideraban que los tratamientos propuestos solo prolongarían su sufrimiento. El médico no consideró la sedación paliativa una solución razonable.

Una segunda consulta independiente llegó a otra conclusión. El especialista observó que el sufrimiento del niño era claramente visible por el malestar persistente y la alta frecuencia de las crisis, con excepciones en algunos momentos de mejoría. También concluyó que no había una alternativa razonable para aliviarlo.

Tras revisar los informes y escuchar al médico, el comité avaló la decisión. Su resolución señala que los padres mantuvieron una posición consistente en sus conversaciones con el equipo tratante y que los requisitos de cuidado médico fueron respetados.

El requisito de una enfermedad terminal

El régimen fue diseñado para un grupo muy acotado de casos. Al anunciarlo, las autoridades estimaron que alcanzaría a entre cinco y diez niños por año, con enfermedades incurables y sufrimiento insoportable, cuya muerte se esperara en un plazo cercano. Según la prensa neerlandesa de entonces, se trataba en su mayoría de niños con cáncer o enfermedades metabólicas.

En este expediente, el comité consideró muy alta la probabilidad de que el niño muriera a una edad muy temprana por complicaciones, con una esperanza de vida acortada que dependía de que esas complicaciones se produjeran. Para los críticos, ese pronóstico no equivale a una muerte esperable en un plazo previsible, que es el supuesto para el que se diseñó el régimen. Señalan además que la primera consulta independiente había concluido que el sufrimiento no era continuo y que existían alternativas razonables, mientras que la página informativa del Gobierno describe el requisito como dolor constante y severo.

Cómo se realizó el procedimiento

Según el expediente, a pedido de los padres, el médico eligió un método en el que el niño fuera dormido de forma progresiva. Inició la sedación por vía intravenosa con midazolam y morfina en dosis crecientes y luego administró fármacos inductores del coma, propofol y tiopental.

El niño entró en una sedación muy profunda y murió. El comité dejó constancia de que no existe todavía un protocolo para este procedimiento en menores de 12 años y de que el médico lo buscó sin encontrarlo. Aun así, concluyó que la actuación fue médicamente cuidadosa.

Una regulación que divide

Países Bajos es el segundo país que permite la eutanasia infantil sin límite de edad, después de Bélgica, que eliminó las restricciones de edad en 2014. La regulación para niños de 1 a 12 años se aprobó por resolución ministerial y no por ley, algo que objetaron en 2023 legisladores del SGP, GroenLinks y el SP durante un debate parlamentario.

Chris Stoffer, diputado del SGP, calificó la terminación activa de la vida de niños sin capacidad de decidir como un paso que su partido considera inaceptable por principio. Advirtió además que las regulaciones pensadas para casos excepcionales tienden a ampliarse con el tiempo. También planteó qué implicaría esta norma para personas mayores de 12 años sin capacidad de decidir, como quienes tienen una discapacidad intelectual grave o demencia, una preocupación que antes había señalado la federación médica KNMG. Entre sus objeciones de entonces figuraba que los requisitos de cuidado concretos todavía no estaban definidos, una ausencia que el propio comité constata en este primer dictamen.

La Conferencia Episcopal neerlandesa y otros grupos también alertaron sobre una “pendiente resbaladiza”.

Del otro lado, la iniciativa contó con respaldo mayoritario de la pediatría. Un relevamiento previo mostró que una gran mayoría de los pediatras estaba a favor. Eduard Verhagen, profesor de pediatría del UMCG, dirigió esa investigación y luego integró la comisión asesora. Según Verhagen, la norma representa un avance hacia la transparencia y la seguridad jurídica. La investigación en la que se basó, con entrevistas a 64 padres de 44 niños, concluyó que en la mayoría de los casos los cuidados paliativos lograban aliviar el dolor, pero que había situaciones, raras, en las que el sufrimiento persistía pese a todo.

De acuerdo con el Gobierno de Países Bajos, el marco vigente desde 2024 para niños de uno a 12 años exige una enfermedad incurable con una muerte esperable en un plazo previsible, sufrimiento insoportable sin expectativa de mejoría y la inexistencia de una alternativa razonable, incluidos los cuidados paliativos. La evaluación de la Fiscalía definirá el cierre legal de este primer expediente conocido bajo ese régimen.