Las detenciones de inmigrantes indocumentados en el estado de Maine alcanzaron cifras récord durante el pasado mes de abril, según informaron las autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
El sector de esta agencia en Maine registró la aprehensión de 113 personas en dicho período, el mayor número en un solo mes en casi 24 años, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
Ante el aumento de detenciones, la CBP trasladó a 29 migrantes a otras partes del país para continuar con su procesamiento. Un portavoz del organismo expresó que este incremento no responde a un aumento significativo en el número de cruces ilegales desde Canadá hacia el estado, sino a un refuerzo de las medidas de control y patrullaje en toda la región.
En abril, se registraron 157.000 cruces menos en comparación con el mismo período del año pasado, una cifra que incluye una reducción drástica de aproximadamente 78.000 cruces en solo ese mes, según los datos oficiales.
El jefe interino de la Patrulla Fronteriza en el Sector Houlton, Craig Shepley, hizo énfasis en la vigilancia constante en las zonas fronterizas. “Aquí en Maine, los agentes de la Patrulla Fronteriza trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, para mantener segura nuestra frontera. Si intentas cruzar ilegalmente, serás detenido”, afirmó Shepley en un comunicado citado por New York Post.
En una ocasión registrada durante abril, los agentes fronterizos detuvieron a un grupo de inmigrantes durante un operativo que comenzó con una parada de tráfico, lo cual marca una de las instancias más recientes de estas actividades estrictas de vigilancia.
Las imágenes compartidas por el CBP muestran a los migrantes mientras son sometidos a revisión antes de abordar un avión que los transportaría a instalaciones en otros estados.
El aumento en las detenciones también trae a discusión un contexto político más amplio ligado al estado de Maine y su relación con las políticas migratorias. Según el New York Post, dos condados de Maine, Cumberland y Hancock , han mantenido políticas consideradas de “santuario”, lo que significa que no colaboran activamente con las agencias de inmigración como el ICE (Immigration and Customs Enforcement).
Estas medidas han generado críticas desde esferas políticas nacionales, especialmente durante la administración de Donald Trump.
El exasesor presidencial Stephen Miller acusó a dichos condados en 2022 de obstaculizar los esfuerzos de cumplimiento de la ley federal en materia migratoria. Según afirmaciones de Miller citadas por el New York Post, tales políticas representan “una burla de la democracia estadounidense” y evidencian “un asombroso desprecio por el estado de derecho”.
El gobierno de Estados Unidos ha implementado una serie de medidas más estrictas en materia migratoria, en un intento por contener la presión política y humanitaria en sus fronteras. Una de las principales disposiciones ha sido la ampliación del uso del Título 8 del Código de Inmigración, lo que permite deportaciones rápidas y la imposición de sanciones para quienes reingresen ilegalmente al país.
Asimismo, el gobierno ha reforzado los acuerdos con países de tránsito como México, Guatemala y Colombia para contener los flujos migratorios antes de que lleguen a territorio estadounidense, y ha incrementado el despliegue de agentes federales en zonas consideradas de alto tránsito irregular.
Además, el Congreso discute actualmente proyectos de ley que endurecen los criterios para solicitar asilo, incluyendo la obligatoriedad de tramitar solicitudes desde terceros países y límites más severos para quienes ingresan sin autorización previa.
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