La imputación de Donald Trump, un hecho inédito en la historia de Estados Unidos por tratarse de un ex presidente, deriva de un caso que se remonta a 2006 pero que no vio la luz hasta 2018, cuando la actriz porno conocida como Stormy Daniels señaló de manera directa y en público al magnate por un presunto ‘affaire’ extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales.
Según Stephanie Clifford, nombre real de la denunciante, el encuentro tuvo lugar en julio de 2006, durante un torneo de golf benéfico que habría terminado con ambos en una habitación de un hotel en Lake Tahoe, situado entre California y Nevada. El ex presidente, que por aquel entonces ya estaba casado con su actual esposa -de hecho acababa de dar a luz- siempre ha negado que mantuviese alguna relación sexual con la actriz.
El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad o incluso acoso vertidas contra Trump en estos últimos años si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que llevaron al dirigente republicano a la Casa Blanca, Clifford recibió un pago de 130.000 dólares.
Con este dinero, en el que medió el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de la mujer. Ella alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia y afirma que recibió una advertencia previa: en 2011, un hombre se le acercó en un aparcamiento de Las Vegas para decirle que “dejase en paz a Trump”, siempre según su versión, tras pactar una entrevista.
Dicha entrevista, con la revista ‘In Touch’, no vio la luz en su totalidad hasta 2018, el año en que el escándalo terminó de darse a conocer. Clifford habló largo y tendido en televisión, a costa de verse amenazada por una demanda millonaria en la que el equipo legal de Trump alegaba que la actriz estaba violando un acuerdo de confidencialidad.
Este tipo de acuerdos son legales, en la medida en que está permitido pagar a alguna persona a cambio de su silencio, pero en este caso el matiz está en que se hizo poco antes de unas elecciones. Por tanto, dudas éticas aparte, gran parte de la clave de este caso gira en torno a si Trump violó la normativa referente a las campañas.
El papel de Cohen
Cohen reconoció en 2018 su culpabilidad por varios delitos, incluida la violación de las normas financieras en campaña, por varios pagos, entre ellos el realizado a Stormy Daniels. Inicialmente, dijo que había actuado por su cuenta, pero bajo juramento terminó declarando que Trump le encargó personalmente que entregase los 130.000 dólares a Clifford y le devolvió una cantidad equivalente.
El ex presidente ha reconocido el pago a su antiguo abogado, pero ha negado irregularidades, así como la presunta relación extramatrimonial que está en el origen de todo este caso.
Por ahora, el único que ha rendido cuentas por este escándalo ha sido Cohen, condenado a tres años de cárcel en 2018 y que ha terminado por ser la pieza clave al pasar de aliado a enemigo declarado de Trump. El exabogado llegó a decir que recibiría un disparo por su otrora amigo, pero ahora reclama abiertamente que el proceso avance, caiga quien caiga.
La acusación de la fiscalía
El último capítulo del proceso sucedió este jueves, cuando Trump, fue acusado formalmente por un gran jurado de Nueva York por el pago a Clifford, considerado una violación a las leyes sobre el financiamiento de campañas electorales.
Alvin Bragg, el primer fiscal de distrito afroamericano de Manhattan, heredó una investigación de Trump cuando asumió el cargo en enero de 2022. Ha sido duramente criticado por el ex presidente, el primer ex mandatario estadounidense acusado de un delito.
El procurador había detenido la investigación sobre los tratos comerciales de Trump, pero después de que su equipo de fiscales ganara un juicio en 2022 en el que la Organización Trump fue condenada por fraude fiscal, Bragg convocó a un nuevo gran jurado para examinar los pagos de dinero secreto.
Así llegó hasta el punto actual, que apunta a convertirse en un hito mayúsculo: la primera vez en que un ex presidente estadounidense sea arrestado, registrado con toma de huellas dactilares, y posiblemente esposado.
Está previsto que Trump se entregue a las autoridades la próxima semana, aunque la fiscalía ha dicho que están negociando con los abogados del magnate de 76 años sobre las condiciones en las que se tratará el procedimiento judicial, que no tiene antecedentes en la historia.
(Con información de Europa Press)
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