Sin avances en la negociación del metal en Murcia en espera de la consulta interna de CCOO

Murcia, 4 nov (EFE).- La reunión de la patronal murciana del metal (Fremm) y las federaciones sectoriales de UGT, USO y CCOO ha concluido este miércoles sin avances en la propuesta empresarial respecto a la presentada también en presencia de un mediador el pasado lunes, con lo que la huelga indefinida que entra mañana en su décimo día a la espera de la consulta interna de CCOO a sus delegados y militantes sobre la propuesta hace dos días.

Esta votación del sindicato mayoritario en el sector ha sido aplazada de la de hoy a la tarde de este jueves, con lo que la huelga sigue adelante al menos un día más pese al reconocimiento de avances de uno de otros dos sindicatos convocantes, USO, entre ellos, en uno de los dos grandes escollos de la negociación, la incapacidad temporal, que queda como ahora, mejor que en el preacuerdo del 24 de julio pasado entre las partes.

En un comunicado enviado al término del encuentro de hoy, USO "reconoce parcialmente dos avances importantes: la garantía salarial, que pasa del 50 % al 100 % y la retirada de la propuesta patronal del punto que proponía el empeoramiento de la cobertura de la baja por enfermedad con respecto al convenio vigente desde 2023.

Sin embargo, "siguen sin resolverse reivindicaciones fundamentales de los 12 puntos defendidos conjuntamente por las tres organizaciones sindicales para ir a la huelga, especialmente la compensación y absorción salarial, los permisos y licencias, la jornada y otras mejoras laborales".

USO considera que siete días laborales de huelga "merecen algo más que una propuesta cerrada y final de la patronal respecto a la del 2 de noviembre, por lo que defiende mantener abierta la negociación".

Respecto a la cláusula de revisión para corregir la desviación del IPC sobre el 15 % de aumento salaria propuesto por los empresarios de 2026 a 2029, a razón del 4,5 %, 4 %, 3,5 % y 3 % anual, solo se aplicaría si la inflación acumulada en ese cuatrienio supera aquel porcentaje global, pero a solo partir del 1 de enero de 2030, sin carácter retroactivo ni atrasos" al conjunto de los 35.000 trabajadores de unas 8.000 empresas, detalla USO.

Pero la mayor piedra en el camino del fin del conflicto sigue siendo la negativa patronal a retirar del convenio colectivo vigente la compensación y absorción, cuando los huelguistas reclamaban que los incrementos salariales, pluses, complementos y mejoras retributivas fueran consolidables y no pudieran ser anulado por aquella figura, con lo que no se incorpora la garantía demandada.

Respecto a la reducción de jornada, quedaría para la patronal en 7 horas anuales en 4 ejercicios, de 1.759 a 1.752, pero los sindicatos piden llegar a 1.747.

Para aplicar la subrogación de trabajadores de una contrata en el caso de cambio de cambio de firma concesionaria, Fremm propone según USO "un avance limitado y nuevo grupo de estudio" de la cuestión y reduce a 200.000 habitantes el límite por municipio para aplicarla en concursos públicos municipales e incorpora determinados contratos de hospitales públicos y cárceles, pero los sindicatos siguen pidiendo que se extienda a todos los privados

En las dietas (33 la completa o 16-17 la media), la patronal mantiene un desplazamiento mínimo de 24 kilómetros, el tiempo del bocadillo queda sin considerarse como de trabajo efectivo y tampoco se avanza en permisos, licencias, conciliación o vacaciones lo deseado por los sindicatos más allá de los mínimos legales, lo que no constituye una mejora suficiente al no ampliar derechos ni responder a las necesidades reales de las personas trabajadoras.

Se amplía la capacidad empresarial para modificar la distribución del 10 % de la jornada laboral al año, lo que dificulta la conciliación, y quedan fuera reivindicaciones "fundamentales", como compensaciones por día de retén, guardia y disponibilidad, sus complementos en festivos y desplazamientos tras aviso, el reconocimiento de la jornada intensiva de verano o los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad, para el que los sindicatos reclamaban un 20 % del salario base por concepto. EFE