901 nacionalizados por la ley de nietos podrán votar como descendientes de exiliados

Madrid, 28 oct (EFE).- El Gobierno ha entregado este miércoles en plazo la lista solicitada por el Tribunal Supremo con la identidad de las 163.355 personas nacionalizadas por la ley de nietos, cuyo derecho al voto está suspendido, de las cuales tan solo 901 podrán votar el 29N al acreditar que son descendientes de exiliados.

La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las personas afectadas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA), que debían de entregar antes de las 15:00 horas de este miércoles, con la advertencia de multas o deducción de testimonio en caso de incumplimiento.

Fuentes de Justicia informan de que se ha cumplido el plazo y se ha facilitado la relación con nombre y apellidos de los 163.355 afectados, ligeramente superior a los 163.020 que se habían notificado previamente sin llegar a identificarles, si bien lamentan que "buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto".

Aunque en realidad es la casi totalidad, ya que fuentes de Exteriores informan a EFE de que los consulados tan solo han expedido 901 certificados de personas que han acreditado ser hijos o nietos de exiliados, que era la excepción que contemplaba el alto tribunal para poder votar el 29N. El resto no podrían ir a las urnas.

Con todo, las fuentes señalan que aplicando los niveles habituales de participación exterior, el impacto potencial de esas 163.355 personas sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones, lo que supone, aproximadamente, menos del 0,06 % de los votos emitidos en las generales de 2023.

Eso sí, la Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala que, al incluir datos de carácter personal, "declare el listado como reservado para evitar que las partes, de ideología ultraderechista, puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha coordinado la labor que realizaban los consulados para la revisión de los expedientes, aseguran las fuentes, que detallan que el primer telegrama con instrucciones de este ministerio a las oficinas consulares para recabar la información se envió el 15 de septiembre, tras recibir la notificación un día antes.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes envió a la Oficina del Censo Electoral ya el pasado día 15 el listado de 76.600 personas que constan en el Registro Civil digital como nacionalizadas por la ley de nietos, que es la única información que constaba en ese departamento. La Oficina del Censo remitió ese listado al alto tribunal el pasado día 21.

Solventado este trámite y sin entrar en el fondo, el Supremo tiene que pronunciarse aun sobre las últimas peticiones de medidas cautelarísimas, sin oír a las partes, instadas por Iustitia Europa.

En concreto, la formación ha pedido a la Sala que extienda la suspensión del voto a los hijos e hijas de quienes previamente accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos.

Y que haga lo mismo con todas las personas que fueron inicialmente incorporadas al Centro de Residentes Ausentes (CERA) pero posteriormente trasladaron su residencia a España, causaron baja como residentes en el extranjero y pasaron al censo nacional.

Además, tiene que resolver sobre las alegaciones efectuadas por los nacionalizados que se personaron en el procedimiento, que piden al alto tribunal que se pronuncie sobre la suspensión del voto antes del próximo 29 de noviembre. EFE