Solo 91 expedientes de los 31.390 revisados han acreditado ser descendientes de exiliados

Madrid, 23 oct (EFE).- De los 163.020 nacionalizados por la 'ley de nietos' que pueden estar afectados por la suspensión del derecho a voto decretada por el Tribunal Supremo, se han revisado por el momento 31.390 expedientes y los consulados solo han expedido 91 certificados de personas que han acreditado ser descendientes de exiliados.

El resto, 31.299, no podrían votar en las elecciones del 29 de noviembre, de acuerdo con las medidas cautelares adoptadas por el alto tribunal.

El dato está recogido en el último auto del Tribunal Supremo, en el que ha reclamado a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Exteriores, José Manuel Albares, que remitan antes del 28 de octubre las identidades de las 163.020 personas afectadas, con apercibimiento de multa o deducción de testimonio.

Según explica el tribunal, esta semana se adjuntaron a las alegaciones de la Abogacía del Estado un informe del Instituto Nacional de Estadística y dos de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares con la citada información.

La disposición conocida como 'ley de nietos', incluida en la ley de Memoria Democrática, abrió la puerta de la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por razones "políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

Pocos días se publicó una instrucción que señalaba que se presumiría la condición de exiliado a quienes salieron del país entre 1936 y 1955, con lo que ya no era necesario documentar las razones del exilio.

Tras los recursos de Iustitia Europa y Vox, el Supremo acordó suspender cautelarmente el derecho a votos de los nuevos nacionalizados.

Salvo, precisó, de aquellos a los que los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de hijos o nietos de exiliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", sin haberse aplicado la presunción de la instrucción. EFE