Los agricultores pedirán un plan ante el alza de costes en su próxima tractorada en Madrid

Madrid, 23 oct (EFE).- Las organizaciones agrarias convocantes de la próxima tractorada en Madrid el 28 de octubre pedirán un plan de choque frente al aumento de los costes de producción porque "dar de comer tiene que dar para vivir".

En un manifiesto conjunto, las organizaciones Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han compartido sus reivindicaciones bajo el lema "Por un campo con futuro: ¡soluciones ya!".

Los productores volverán a llevar sus tractores a la capital para reclamar que su trabajo les permite "ganarse la vida", algo que está "cada vez más comprometida para miles y miles de explotaciones".

Han criticado que, mientras los costes no dejan de aumentar, en parte por la guerra en Irán, que los ha vuelto a disparar tres años después de la crisis de 2022 tras la pandemia, sus precios "muchas veces no compensan los gastos, las exigencias se multiplican y las decisiones políticas amenazan con agravar todavía más una situación que lleva años deteriorándose".

"No queremos privilegios ni vivir de ayudas. Queremos condiciones justas para producir, rentabilidad para nuestras explotaciones y un futuro para nuestra profesión", han asegurado las tres organizaciones.

De cara a la manifestación, de la que se ha descolgado UPA por realizarse en un ambiente preelectoral, Asaja, COAG y Unión de Uniones han destacado entre sus reivindicaciones la necesidad de un plan de choque frente a los costes de producción y un gasóleo profesional agrícola con una fiscalidad reducida y estable, cuya bonificación se aplique directamente en el momento de repostar.

En concreto, han exigido que la ayuda al gasóleo cubra el 70 % del sobrecoste real, sin topes, mientras dure la crisis; IVA reducido para carburantes, fertilizantes y plásticos; rebaja de los módulos del IRPF; y una tarifa eléctrica adaptada al regadío y a la ganadería.

En segundo lugar, los agricultores han señalado que la Política Agraria Común (PAC) en la Unión Europea no puede ser "desmantelada" y debe contar con un presupuesto "suficiente" para defender su modelo agrario profesional y social.

"La propuesta de Bruselas recorta a España casi 10.000 millones de euros, un 28 % menos en términos reales. Europa no puede hablar de seguridad alimentaria mientras recorta los instrumentos que permiten mantener su propia capacidad de producción", han sostenido.

A su juicio, para el periodo 2028-2034, la PAC debe mantener sus dos pilares (pagos directos y desarrollo rural), proteger las rentas agrarias y evitar desigualdades entre productores europeos.

Además, el sector agrario ha pedido precios justos y una ley de la cadena alimentaria que sea eficaz para los productores y refuerce su papel y el de sus cooperativas.

"Una ley que no se aplica no nos sirve porque no nos protege", han apuntado los agricultores, que han precisado que la prohibición de comprar por debajo del coste de producción debe garantizarse con más inspecciones de oficio, medios suficientes para la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y las comunidades autónomas, y sanciones eficaces contra las prácticas abusivas.

Asimismo, han solicitado una modificación de la norma para adecuarla "adecuadamente" a la naturaleza del modelo cooperativo.

Otra de las reivindicaciones está relacionada con el rechazo a la "competencia desleal en los acuerdos comerciales" de la Unión Europea con países terceros, como los de Mercosur y Marruecos.

"Exigimos reciprocidad en las condiciones de producción, con cláusulas espejo efectivas, controles rigurosos en frontera, trazabilidad y un etiquetado claro del origen, junto con salvaguardias de activación automática y medidas de protección para los sectores perjudicados. Porque no se puede permitir vender aquí lo que no se permite producir aquí", han explicado las fuentes.

Finalmente, el manifiesto destaca la necesidad de reducir la burocracia en el sector, además de simplificar la PAC, su condicionalidad y los ecorregímenes.

También llama a la eliminación de duplicidades y obligaciones digitales "desproporcionadas"; normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal "fundamentadas técnicamente, proporcionadas y viables"; y el "derecho al error para que un fallo leve o sin daño no se castigue como un fraude". EFE