Madrid, 23 oct (EFE).- La decisión de la consejería de Cultura de Castilla y León, en manos de Vox, de limitar sus ayudas a proyectos "sin adoctrinamiento" contrasta con los criterios aplicados en el resto de las comunidades, incluidas las que tienen a ese partido en su gobierno, que contemplan cuestiones de calidad, viabilidad e identidad, han recordado a EFE los ejecutivos autonómicos.
Castilla y León ha lanzado una convocatoria de 325.000 euros para largometrajes, documentales o series, pero limitadas a proyectos sin "propaganda" ni "apoyo expreso a opciones políticas concretas", medida que será recurrida por el Ministerio de Cultura y que el sindicato de guionistas Alma considera "de enorme gravedad". "Esto no tiene otro nombre que censura", han dicho.
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En otras autonomías, el único matiz sobre el contenido de las obras subvencionables, que aparece en la propia Ley del Cine estatal, se refiere a películas esencialmente publicitarias o de propaganda política, las calificadas como 'X' y las que hayan sido declaradas constitutivas de delito.
Por lo demás, se repiten criterios como la calidad artística y técnica; la vinculación con la comunidad autónoma; la lengua en el caso de las que tienen una propia; la participación de profesionales y empresas locales; la viabilidad económica y financiación; la trayectoria y experiencia profesional del equipo; el potencial comercial e internacional o la igualdad de género, además de requisitos administrativos y fiscales.
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Esto incluye a las autonomías con gobiernos de PP y Vox además de Castilla y León (Andalucía, Extremadura y Aragón).
En Andalucía, la Consejería de Cultura de la Junta asegura que las ayudas, cuyas bases son públicas, se rigen exclusivamente por criterios técnicos. Este año ascenderán a seis millones de euros.
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Por su parte, el gobierno aragonés aclara que no existen restricciones de ningún tipo en cuanto a contenido. "El Gobierno de Aragón confía en la industria audiovisual aragonesa y en los creadores y su prioridad es apostar por el talento aragonés", aseguran sobre unas ayudas que este año serán de 60.000 euros para cortometrajes y 680.000 para largos.
En Baleares, donde la cuantía de las ayudas es de 900.000 euros anuales, no existe ninguna limitación de contenido en las producciones subvencionadas, a excepción de aquellos que puedan suponer una vulneración de la ley.
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En Canarias, suma para conseguir ayudas que se trate de una adaptación de una obra que forme parte de la literatura canaria, cuya acción o una parte relevante de esta tenga lugar en las islas o que muestren su patrimonio cultural o historia. Anualmente se conceden 2,9 millones.
Las ayudas del Gobierno de Cantabria no han variado en su convocatoria para incluir más requisitos. En la actualidad se destinan 200.000 euros al desarrollo y producción de largometrajes y series audiovisuales y 80.000 a cortometrajes y videoarte.
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En Castilla-La Mancha hay requisitos como tener domicilio fiscal en la región o que el proyecto esté relacionado con la identidad de la comunidad castellanomanchega. Las cuantías son 200.000 euros a la producción de largometrajes, 50.000 a cortometrajes y 25.000 a guiones.
En Cataluña, los requisitos básicos son tener "interés cultural, cinematográfico, social o experimental" con atención a nuevos realizadores. Asimismo, en las bases se insiste en que sean proyectos con "vocación de mercado" y se establecen condiciones especiales por la lengua catalana y aranesa, así como la inclusión de referentes y profesionales locales. También representa un aspecto positivo que haya mujeres en los altos puestos de la producción. En total, las subvenciones superan los 35 millones anuales, incluidos videojuegos.
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En la Comunidad de Madrid, su plan estratégico de la Industria Audiovisual prevé alcanzar diez millones de euros anuales, aunque en 2026 se han alcanzado, de momento, seis. Entre los criterios de valoración y requisitos para la obtención de estas ayudas, la autonomía de producción audiovisual, que la sede social de la productora tenga al menos una sede o filial en la región, y estar al corriente de pago.
Navarra destina 625.000 euros a las ayudas a la producción audiovisual, y subraya que respecto al caso castellanoleonés "existe una diferencia de fondo en el modelo de política cultural: Navarra apuesta por el apoyo a la creación artística desde criterios profesionales y con pleno respeto a la libertad de creación".
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La Comunidad Valenciana destaca que actualmente no hay requisito concreto ni limitación por el contenido de las obras audiovisuales, y que las ayudas ascienden a 6,7 millones, mientras que los documentales de tradiciones vivas pueden optar a 395.000 euros.
En Extremadura, las ayudas cuentan en 2026 con una dotación global de 514.000 euros, que se conceden según criterios objetivos de calidad, viabilidad e impacto regional, sin condicionantes ideológicos y respetando la libertad de creación artística y la pluralidad de propuestas, asegura la Junta, que también tiene en cuenta favorecer la igualdad en los equipos creativos y técnicos.
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En el caso de Galicia, la Xunta subvenciona con más de 8,2 millones. Aclara que no tienen previsto realizar cambios en ningún sentido similar al de Castilla y León en las convocatorias de ayudas, que se rigen por criterios de calidad, trayectoria, viabilidad, potencial de internacionalización y contribución a la cultura gallega y uso de su lengua.
El Gobierno Vasco ha destinado un total de 10,8 millones de euros a fomentar la producción audiovisual en Euskadi, que reciben proyectos seleccionados por comisiones de valoración integradas por expertos que no establecen restricciones por motivos ideológicos.
La Rioja deja claro que sus ayudas, por valor de 255.000 euros, se apoyan en la calidad de unas propuestas cuyo contenido es totalmente libre y pertenece a la esfera creativa de los autores, a los que no se les indica ni orientación ni impedimento.
Tampoco Asturias establece limitaciones ideológicas ni sobre el contenido de las obras en sus ayudas audiovisuales, salvo requisitos específicos vinculados a la finalidad de cada convocatoria, como el uso del asturiano o el eonaviego. La comunidad destina más de un millón de euros.
En la Región de Murcia, donde este año se han convocado ayudas por 700.000 euros, no hay tampoco una prohibición expresa del adoctrinamiento ideológico, la propaganda partidista o el apoyo a opciones políticas concretas equivalente a la introducida en Castilla y León. EFE
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