Anticorrupción apunta a presunta malversación de Zapatero por no entregar las joyas de su despacho a Patrimonio

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos con penas de prisión al aceptar joyas "de muy significativo valor" por parte de Arabia Saudí y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado, "como sí hizo con otros regales al finalizar su Presidencia".

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Anticorrupción señala que en la relación de regalos recibidos por Zapatero durante su mandato no figuran las joyas halladas en su despacho, que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros y que el expresidente también atribuye a un detalle de Arabia Saudí.

"El acta de entrega tuvo lugar el 1 de marzo de 2012 y en la relación de bienes entregados no figuran, en efecto, las joyas encontradas en la oficina de Zapatero el 19 de mayo de 2026", explica Anticorrupción, que señala que sí figura un reloj de sobremesa con esmeraldas del rey Abdullah Ben Abzulazid Al Saud, cuya acta de entrega figura el 1 de marzo de 2012.

El fiscal tacha de "escueta" la justificación de Zapatero, con la que pretende "sin más datos documentales, que el juzgado, en un puro ejercicio de automatismo procesal, emita una comisión rogatoria de Arabia Saudí, y de paso dé por buena su versión del origen de las joyas", indica.

Por ello, ve "injustificado" el envío de dicha comisión rogatoria a un país en el que "no se entregaron los bienes y en relación con un monarca, al parecer, ya fallecido", por lo que, señala, "el foco no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno que es donde, según él, las controvertidas joyas le fueron entregadas".

La incautación de esas joyas por la Policía llevó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a investigar a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Además, el instructor le achaca el liderazgo de una supuesta red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.