Barcelona, 15 oct (EFE).- Sociedad Civil Catalana (SCC) recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas de amnistiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros 34 cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés' y no descarta acudir a "instancias superiores" para que se revoque su absolución.
En un comunicado, la entidad unionista, que reclamaba 4,9 millones de euros a los encausados por los gastos del 1-O y la promoción exterior del 'procés', sostiene que el sistema jurídico permite "insistir en el planteamiento inicial" que motivó la demanda por responsabilidad contable, pese a la Ley de amnistía.
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SCC cree que a los líderes del 'procés' se les debe "exigir la devolución a las arcas públicas de los recursos empleados para organizar un golpe institucional contra gran parte de la ciudadanía de Cataluña y del resto de España", por lo que no descartan acudir a instancias superiores si el recurso de apelación ante el Tribunal de Cuentas no tiene éxito.
"Desde la sociedad civil de Cataluña estamos convencidos de que aún existe recorrido judicial, y como representantes de esta, entendemos que Puigdemont, Junqueras y el resto de los investigados no merecen ser amnistiados", añade el comunicado.
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El Tribunal de Cuentas acordó ayer aplicar la amnistía a la causa por la responsabilidad contable del 1-O, tal y como planteaba la Fiscalía, al reconocer que no está acreditado que "se hayan utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, ni administrados por esta ni por cuenta de esta" para sufragar los gastos del proceso independentista.
La amnistía de esta causa estuvo en suspenso porque la consejera Elena Hernáez elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al tener dudas de que el perdón del delito de malversación encajara con la normativa europea.
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El TJUE avaló el pasado mes de julio en una sentencia la amnistía de la malversación, siempre que los gastos en cuestión no procedieran del presupuesto de la Unión Europea, pero la magistrada postergó la aplicación de la ley a la espera de que las partes se pronunciaran sobre si el 'procés' fue sufragado con fondos comunitarios y presentaran documentación sobre el origen de los mismos.
La sentencia del Tribunal de Cuentas concluye que los certificados que expidió la Intervención General de la Generalitat -y que fueron aportados por las defensas- acreditan que ni el referéndum ni la promoción exterior del 'procés' corrió a cargo de fondos procedentes de los presupuestos de la Unión Europea. EFE
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