La vivienda marca el principio y el final del mandato de Pedro Sánchez

Madrid, 5 oct (EFE).- La llegada de Pedro Sánchez al gobierno tras una moción de censura convirtió a la vivienda en uno de los ejes centrales de sus políticas, que la situaban como el quinto pilar del estado de bienestar, y que arrancaron con una Ley de Vivienda a la que le salieron muchos detractores.

Recuperar el Ministerio de Vivienda que ya había puesto en marcha otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, fue el primer gesto con el que Sánchez quiso evidenciar la importancia que este asunto tendría entre sus prioridades. Situó al frente del mismo a Isabel Rodríguez, que ya había sido ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno entre 2021 y 2023.

A pesar de que las competencias de vivienda están transferidas en gran medida a las comunidades autónomas, el Gobierno de coalición -que ha evidenciado en esta materia diferencias notables- ya advirtió de que apuraría al máximo las suyas para resolver el problema de acceso a la vivienda que sufre España.

En mayo de 2023, durante el primer Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el Ejecutivo sacó adelante la primera Ley de Vivienda de la democracia, que permitía a las comunidades autónomas declarar zonas tensionadas y topar el precio de los alquileres. El texto fue duramente criticado por el PP, que gobierna en la mayoría de las autonomías, y por el sector, que alertaba de un retraimiento de la oferta.

Otra de las primeras medidas que llevó el Ejecutivo fue el desarrollo, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de una línea de avales del 20 % para la compra de una vivienda, que había anunciado antes de las elecciones generales. El objetivo era posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas.

Una de las medidas de esta legislatura fue el fin de las conocidas como 'golden visa' que permitían dar el visado a los extracomunitarios no residentes a cambio de adquirir una vivienda en España de 500.000 euros.

Limitar los alojamientos turísticos fue otro de los objetivos del Gobierno. Para ello, habilitó a las comunidades de propietarios para que pudieran autorizar o no los pisos turísticos, y creó un registro para el alquiler de corta duración (turístico, temporal o de habitaciones) que sin embargo fue anulado por el Tribunal Supremo al entender que el Ejecutivo se extralimitaba en sus competencias.

También se aprobó mantener un Bono de Alquiler de 200 millones para jóvenes, un PERTE para la industrialización de vivienda con una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años, o una cobertura ante impagos de alquiler para ayudar a jóvenes y vulnerables.

Blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre fue otro de los objetivos del Gobierno, que en su día prometió movilizar 183.000 viviendas. También consiguió sacar adelante el nuevo Plan Estatal de Vivienda con horizonte 2030, que triplica la financiación.

Uno de los anuncios estrella del Gobierno fue la creación de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo que nació del germen de Sepes y a la que prometió transferir 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

Esta empresa, que recientemente sacó su portal con una oferta de 800 viviendas en alquiler asequible, se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de Sareb.

Lo que no ha conseguido desbloquearse en el Congreso ha sido la reforma de una Ley de Suelo que elimine la incertidumbre en el urbanismo y que ha sido reclamada desde el sector.

Los últimos decretos de vivienda para extender la prohibición de los desahucios, la prórroga automática de los alquileres, o dar incentivos fiscales se quedan de momento a la espera tras el rechazo del Congreso. EFE