Ciudad Real, 5 oct (EFE).- La primera sesión del juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real por los crímenes de dos empresarios cometidos en Manzanares (Ciudad Real) en 2019 y en 2022 ha comenzado con los alegatos iniciales de las partes, que han mantenido posiciones enfrentadas, principalmente entre las acusaciones y las defensas de los acusados.
La fiscalía pide 46 y 19 años de prisión, respectivamente, para los principales acusados de los delitos de asesinato y robo con violencia a dos empresarios.
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En la primera jornada del juicio la defensa del principal acusado, para quien las acusaciones piden las penas más elevadas, ha cuestionado que haya pruebas directas que le atribuyan la autoría de los asesinatos de Jesús María González Borrajo en 2019 y Juan Miguel Isla en 2022 y ha afirmado que el atestado de la Guardia Civil concluye que no pudo determinar el grado de participación de los acusados.
También ha dicho que el hecho de que su cliente no haya declarado durante la instrucción no puede interpretarse como una prueba de culpabilidad y ha puesto en duda algunos elementos de la investigación, entre ellos que el asesinato de González Borrajo se produjera en una nave de la propiedad del principal acusado ya que, según ha dicho, los perros especializados de la Guardia Civil no localizaron restos humanos ni sangre en ese inmueble.
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La defensa del otro acusados ha sostenido que su representado no participó en ninguno de los dos asesinatos y llegó a los escenarios de los crímenes después de que las víctimas hubieran muerto.
Ha diferenciado entre matar a una persona y ayudar a ocultar un cadáver, y ha argumentado que su defendido actuó bajo una situación de intimidación ambiental ya que el principal acusado le obligó a colaborar en la ocultación de los cuerpos después de mostrarle los cadáveres y amenazarle con las consecuencias de no ayudarle.
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Frente a estas posiciones, el fiscal ha defendido que ambos participaron en los dos asesinatos, el primero como autor material y el segundo como cómplice, ha expuesto que los dos mantuvieron durante años una vida aparentemente normal después de los crímenes y ha considerado que la investigación de la Guardia Civil permitió llegar hasta ellos pese a la dificultad de obtener pruebas directas.
El fiscal ha incidido en las coincidencias existentes entre los dos casos, especialmente en que las víctimas habían realizado operaciones económicas importantes y en la posterior ocultación de los cadáveres.
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Por su parte, las acusaciones particulares han respaldado en términos generales la tesis de la Fiscalía y han situado al principal acusado como autor material de las muertes y al otro como cooperador o cómplice, aunque con distintas calificaciones jurídicas.
La sesión ha concluido con la decisión de los acusados de declarar en las últimas sesiones del juicio, una vez practicada la mayor parte de la prueba. EFE
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(foto)
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